El gobierno de Luis Arce Catacora no solo que no quiere reconocer que el modelo judicial del MAS ha fracasado sino también busca bloquear cualquier intento de transformación de este Órgano del Estado. Al margen de la visita del relator de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García-Sayan, su lapidario informe definitivo, y el reiterado anuncio de realizar una “cumbre judicial”, no se ha avanzado (ni un milímetro) en el imprescindible proceso de la reforma judicial. El entusiasmo del ministro, Iván Lima, no pasó de lanzar algunas propuestas para resolver los “centenarios problemas estructuras del órgano judicial” y que además podían liquidarse (dijo) en 90 días.

Este año tienen que realizarse las designaciones (elecciones) judiciales para las altas cortes y, salvo los reiterados planteamientos de los grupos de profesionales independientes y un par de iniciativas legislativas particulares, nadie se preocupa por cambiar la forma de designación de las principales autoridades judiciales. Toda esta indiferencia oficial viene a confirmar que no existe voluntad política, ni figura el tema en la agenda del gobierno porque le conviene seguir con el actual sistema, instrumento perfecto para la persecución política y la reproducción del poder.

La reforma integral del sistema judicial (que incluye el propio poder judicial, el ministerio público, la policía y las cárceles) debe cambiar los procedimientos de designación de las principales autoridades para comenzar una verdadera reingeniería al interior del poder judicial. El problema central es la falta de independencia de los jueces que debe resolverse cambiando la modalidad de las designaciones de magistradas y magistrados. Y aunque el gobierno enarbole la independencia judicial, le conviene tener un sistema judicial débil, frágil, sometido y pervertido para poder conseguir sus fines políticos: el control a los opositores y a otros órganos del Estado.

Lo que está clarísimo es que un Órgano Judicial sin independencia no solo degrada la institucionalidad democrática y genera corrupción, pobreza, miseria y la ley de la selva, sino además pone en duda la viabilidad y sostenibilidad del Estado. Pero la solución no pasa sólo por cambiar a las principales autoridades judiciales. El verdadero problema es mucho más serio y complejo de lo que aparenta. Hay que fortalecer al Órgano Judicial, al MP, a la policía y al sistema carcelario en su conjunto. Y este fortalecimiento pasa por reconocer la meritocracia, los cargos vitalicios, exámenes de competencia y oposición, el funcionamiento real de la “Escuela de Jueces del Estado” y la evaluación periódica de forma que se cualifique la formación y capacitación permanente de los jueces, fiscales, y policías. Se necesita institucionalizar la carrera judicial, para terminar con los jueces a carrera.

Sin embargo, hay reformas que se pueden hacer (siempre que haya voluntad política) en forma directa, sin necesidad de realizar grandes cambios. Así, por ejemplo, aumentar el presupuesto económico (que no debe estar por debajo del 3% del total del presupuesto general) resulta imprescindible para fortalecer el Órgano Judicial; incrementar el número de jueces, construir infraestructura, introducir tecnología de punta, realizar evaluaciones, ampliar la cobertura judicial y el acceso a los servicios judiciales. Es imprescindible introducir el “expediente electrónico”, la inteligencia artificial y el uso de la tecnología de punta en todas las materias (su negación puede defender unos derechos, pero termina vulnerando otros).

El gobierno nacional y la clase política tienen que sincerarse y reconocer que ha llegado el siglo XXI y la pandemia ha cambiado el mundo, menos la administración de justicia en Bolivia. De la misma forma, se necesita recuperar la oralidad en todos los procesos judiciales y promover los métodos alternativos de resolución de controversias (conciliación, arbitraje, salidas alternativas), que permitan descomprimir el sistema judicial en todo sentido.

La autonomía económica, corrupción generalizada, retardación de justicia, pérdida de confianza y credibilidad, falta de oralidad en todos los procesos, capacitación permanente y selección de los mejores profesionales, son algunos de los grandes desafíos que debe resolver el Estado para comenzar un verdadero proceso de reformas y tener a mediano plazo un sistema judicial independiente, fortalecido, confiable, imparcial y competente. ¿Será mucho pedir?