El extravío de los aspirantes a dictador, cuando se ven obligados a fingir su apego a la democracia, es inocultable. Así en Bolivia, los dos principales referentes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce y Evo Morales, se ven envueltos en una disputa en la que no se confrontan propuestas alguna. En esta trifulca, mientras Arce no sale de su patetismo (recordemos que no vaciló en darse vivas a sí mismo, en ocasión de la presentación de un plan de lucha contra el contrabando), el grupo de Morales se empeña con entusiasmo en aplicar al grupo rival, la “estrategia envolvente” -idea que difundió el vicepresidente de Morales quien, además, creía que el sol desaparecería si su partido perdía el referéndum, en febrero del 2016.

Lo cierto es que las disputas internas en el MAS reflejan el proceso de desagregación social, del bloque nacional-popular alcanzado hace dos décadas en el país y gracias al cual pudo este partido acceder al gobierno. Y aunque estos tres elementos (peleas internas, MAS y desagregación social) forman una unidad, los dos primeros concretizan la manera en la que en la superestructura (permítasenos este exceso) se vive la desagregación anotada. Dicho en breve, la Bolivia del 2013, efectivamente no es la del 2003.

Así las cosas y desde el punto de vista nacional, las peleas internas que protagonizan ambos sectores en el partido de gobierno, representa sólo disputas secundarias. Lo que se disputa es el privilegio de continuar controlando, de manera discrecional, la administración del Estado; hecho que les permite realizar negocios a nombre del Estado, sin ningún control y transparencia. La reyerta entre ambos es por quién se hace de lo que aún queda, de la base social del MAS; básicamente restringida a campesinos, colonizadores (pomposamente autodenominados “interculturales”), cocaleros, algún segmento de gremiales y empleados públicos. No puede decirse que alguno de los dos liderazgos “controle” a uno u otro sector; salvo Morales a los cocaleros del Chapare y Arce a los empleados públicos.

Aunque se trata de una disputa secundaria, la manera en la que se desarrolla es indicativa del carácter de la dirección de ambas fracciones. La golpiza al diputado potosino Colque (del sector de Arce) o el retiro de la silla, en un acto público en Uncía a Morales, ilustran la situación. Pero más importante es lo que esos actos simbolizan.

El primero revela la degeneración de las prácticas sindicales, de las organizaciones sindicales a las que los agresores pertenecen (de hecho, entre las personas detenidas se encontraba una dirigente de la federación potosino de mujeres campesinas). En el segundo caso, el símbolo es aún mucho más claro. El mensaje del retiro de la silla a Morales es por demás contundente. La silla, en la testera, representa el asiento del poder y su retiro, impidiendo que Morales la ocupe, nos dice que incluso en los Ayllus del norte de Potosí, existe desacuerdo con que Morales vuelva a ocupar la silla del poder.

Más allá de estas escaramuzas, la verdad es que arcistas y evitas comparten el mismo proyecto totalitario delincuencial que, al fin y al cabo, impulsaron juntos desde el 2006. En la actualidad, los desacuerdos afloran pues, no tanto por diferencias programáticas, sino por el control de lo que todavía queda de la base social en desagregación. Ese proyecto tiene, en la desinstitucionalización uno de sus pilares, porque todo régimen totalitario es ajeno a la independencia de poderes y a la presencia de instituciones arbitrales (como debería ser el Tribunal Constitucional o incluso la Contraloría, entre otros), que diluciden desacuerdos que pudieran surgir, entre los diferentes poderes del Estado.

En concreto, el MAS como totalidad es una organización política antidemocrática, asentada en concepciones ideológicas igualmente antidemocráticas. A falta de proyectos que diferencien a un sector del otro, hay una personalización en la controversia. Sin embargo de ello, puede decirse que tras cada una de las fracciones, prevalecen los intereses particulares de grupos habituados a la corrupción, a la prebenda y al cohecho. Es, sencillamente, absurdo pensar que gobiernos totalitarios y antidemocráticos no fueran también gobiernos corruptos, porque el totalitarismo y la antidemocracia son los mecanismos que ofrecen la cobertura necesaria, para que las prácticas corruptas y delincuenciales tomen posesión de la administración de los Estados.

Habíamos adelantado que el bloque social agregado hace dos décadas se encuentra, sin vueltas, en dispersión. En realidad, esa dispersión ya viene de lejos en el tiempo; por lo menos desde el 2015 aunque pudo ser invisibilizada en las estadísticas políticas oficiales, gracias al control que el MAS ejercía sobre instituciones tales como el INE o el Tribunal electoral. Ello le ha permitido manipular el padrón electoral y de esa manera, incluso el resultado de las propias elecciones del 2014, resultaba dudoso.

El evento inesperado, que desnudó la manipulación masista por ocultar la realidad (consistente en el mayoritario rechazo al continuismo), fue el referéndum de febrero del 2016. El desconocimiento a sus resultados, por parte del MAS, precipitó el desgaste político de la dictadura, aceleró el proceso de desagregación social y puso en evidencia ante todos, el carácter inconstitucional de los procedimientos masistas. Esa característica continúa hasta hoy, por lo que nadie, en su sano juicio, puede sostener que en Bolivia rige en estado de derecho.

Sin ideología, sin proyecto y sin un programa nacional, el Estado boliviano deambula tristemente. La incoherencia en lo interno (al tener que fingir que se cree en la democracia mientras se hace todo lo posible para destruirla) repercute en el ámbito externo. Así, Bolivia resulta fiel aliada de las más aberrantes dictaduras del continente, como la venezolana, la cubana o la nicaragüense. El gobierno de Arce se niega a condenar, a nombre del país, la invasión rusa a Ucrania y, para colmo de males, se solidariza con el expresidente peruano Castillo, preso al haber fracasado en su intento de autogolpe.

Está claro que el cúmulo de las paupérrimas ideas, que en el MAS creen representa un proyecto político, no tiene viabilidad estatal hacia el futuro. Ahora incluso se les dificulta la manipulación del padrón electoral (gracias a la valerosa lucha, principalmente cruceña, por dotar al país de un censo fiable) y de esa manera, el nerviosismo, además de provocar la cacería, por medio de su brazo judicial (i. e., el “poder judicial”), a todo opositor político ocasiona, de paso, que la violencia también se vuelque hacia sí mismo. 

Omar "Qamasa" Guzmán es sociólogo y escritor