El 5 de noviembre de 2015, cuando el gobierno del MAS promulgó la ley Nº 757, Ley de convocatoria a referéndum constitucional aprobatorio de una reforma para viabilizar la reelección indefinida de Evo Morales, cometió un error de dimensión histórica. Sentó las bases de su primera derrota estratégica, y con eso puso fin a más de diez años de continuos y contundentes triunfos.

Su fracaso en las urnas el 21 de febrero de 2016 no fue un traspié cualquiera. Fue un revés tan fuerte que aún hoy, más de dos años después, los estrategas del MAS no terminan de asimilar. Lo siguen sufriendo, la derrota los sigue angustiando y desesperando.

Esa desesperación es la que los lleva a continuar equivocándose. Así se explica la torpeza con que hicieron sus más recientes movimientos en el tablero del ajedrez político. Eligieron un objetivo hacia el que dirigir su ofensiva: Carlos Mesa. Las armas: sus operadores del Órgano Judicial. Diseñaron su plan de acción: transferir a Mesa las facturas del caso Quiborax. Dispararon, y el tiro les salió por la culata.

Tarde se dieron cuenta de su error. Ahora, de nada sirven las órdenes de retirada. Ya el daño que a sí mismos se hicieron está hecho y nada de lo que ahora digan o hagan será suficiente para recuperar la credibilidad perdida.

Entre otras cosas, el caso ha servido para despejar cualquier duda, si todavía quedaba alguna, sobre los extremos a los que los estrategas oficialistas están dispuestos a llegar en el proceso de envilecimiento de la justicia. Han confirmado también que la Asamblea Legislativa Plurinacional no es más que una repartición subalterna de la Vicepresidencia y que senadores y diputados de la bancada oficialista, incluidos quienes presiden ambas cámaras, no tienen más autoridad que cualquier mensajero ministerial.

Pero lo más importante es que el caso ha servido para hacer bien visible la delgada línea que en las filas oficialistas marca el límite entre el servilismo y la lealtad. Ha puesto al descubierto a quienes, en nombre de una supuesta lealtad a una causa superior, “el proceso de cambio” y sus caudillos, no son más que dóciles lacayos siempre dispuestos a obedecer la voz del amo, aún a costa de su propia dignidad.

Felizmente, como también se ha podido ver, hay también personas que, llegado el momento de las definiciones, todavía tienen el valor civil, la integridad ética y la honestidad necesaria para hacer oír su voz disidente, aunque ello no termina de articularse en una propuesta, como bien hace notar el mismo oficialismo. Es de esperar que esas voces se multipliquen sin que para ello sea necesario llegar a extremos como los de Venezuela o Nicaragua.

El fracaso en las urnas, el 21 de febrero de 2016, no fue un traspié cualquiera. Fue un revés tan fuerte que reconfiguró la pulseta política en el país y aún hoy, más de dos años después, los estrategas del MAS no terminan de asimilarlo