Mientras el oficialismo, y hasta el presidente del Tribunal Supremo Electoral, se empeñan en desestimar la iniciativa ciudadana para iniciar una reforma al sistema judicial mediante referendo, esa propuesta prospera en su etapa de recolección de las firmas necesarias para concretarlas.

El punto más visible y urgente de la iniciativa apunta a la independencia de la justicia del poder político, evitando que la selección de candidatos a las más altas magistraturas dependa, como hasta ahora, del partido mayoritario en la Asamblea Legislativa Plurinacional: el MAS en las dos anteriores elecciones judiciales y también en la programada para octubre.

Ése es el tema de la primera pregunta de la propuesta de referendo que incluye otras tres. Una de ellas interroga: “¿Usted está de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para incluir un artículo que instituya la Justicia y Juzgados de Paz en los barrios de las ciudades del país que resuelvan los conflictos menores que no tengan un carácter declarativo de derechos? La ley regulará la designación, organización y funcionamiento de los Juzgados de Paz definiendo su jurisdicción y competencias”.

¿De qué trata eso de Juzgados de Paz? La propuesta de reforma judicial, también como instrumento de acceso universal a la administración de justicia plantea la incorporación e institucionalización de la Justicia de Paz, en el texto de la CPE.

La Justicia de Paz existía en la primera Constitución de Bolivia, la de 1826, pero fue excluida de las siguientes.

Se trata de un mecanismo básico —extendido en otras legislaciones— para la resolución alternativa de conflictos, especialmente en los centros urbanos, donde, para su implementación se eligen en el ámbito del barrio, del distrito, de la OTB, a ciudadanos de reconocida trayectoria y prestigio que cumplirán las funciones de jueces de paz, amigables componedores de controversias menores, es decir aquellos que no involucran derechos fundamentales.

Los casos que dirimirán estos jueces corresponden a la más variada índole, y su resolución mediante criterios de equidad y conciliación vecinal supone el reforzamiento de la paz y de la convivencia ciudadana.

La vigencia de estos Juzgados de Paz tendrá también un efecto significativo en la disminución de la carga procesal en los tribunales ya existentes. Al aliviarse la sobrecarga de casos en los juzgados disminuiría la frecuente y crónica retardación de justicia que ocurre por motivos reales, o respondiendo a propósitos dolosos de jueces venales.

La existencia de estas instancias se perfila como un cambio en el sistema de justicia que favorecerá al ciudadano.

Un motivo más para respaldar la realización del referendo, por ahora, firmando los libros correspondientes.