Los Juristas Independientes que impulsan la reforma judicial en Bolivia señalaron que la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Régimen Electoral respaldan la reforma parcial de la CPE vía referendo popular. Por lo tanto, el proceso debe ser respetado por todos los órganos gubernamentales mientras esté en desarrollo.

El abogado constitucionalista José Antonio Rivera reiteró que en caso de concretarse la reforma parcial de la CPE vía referendo, este resultado es vinculante, de cumplimiento obligatorio e inmediato. Por lo tanto, entraría en vigencia la Constitución reformada en lo concerniente a la administración de justicia y quedaría sin efecto cualquier proceso en curso para la elección de magistrados.

Sin embargo, observó que desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ponen trabas al proceso democrático, a través de una reglamentación que es un “chaleco de fuerza y se convierte en un obstáculo que frena el ejercicio de la Constitución por el corto plazo del proceso y la elevada cantidad de firmas de apoyo”.

El jurista Ramiro Orías señaló que el desafío de seleccionar a los mejores profesionales como magistrados es también el desafío sobre cómo se puede contener la decisión arbitraria del órgano político en la selección de las más altas autoridades de la justicia boliviana. 

Desde el Comité Nacional de Defensa de la  Democracia (Conade) formalizaron ayer  el pedido de renuncia del presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, por haber adelantado su criterio sobre el proceso de recolección de firmas para la reforma judicial. La autoridad se refirió a la dificultad de cumplir con los plazos establecidos por el TSE.

A juicio del responsable de Conade, Manuel Morales, las declaraciones de Óscar Hassenteufel fueron vertidas con el fin de “desalentar, detener y anular la iniciativa ciudadana que se encuentra en pleno desarrollo y dentro de los plazos establecidos”.