La Constitución Política del Estado, define en el Artículo 115.I que “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

“La justicia está lejos de la gente”, asegura Diego García-Sayán, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, en su visita oficial, del 15 al 22 de febrero por invitación del Gobierno. Se observa “la impunidad frente al crimen”, especialmente en los casos de feminicidio y violencia sexual.  “Esto hace que la justicia esté lejos de las aspiraciones y necesidades de la gente”, “otra severa limitación a la justicia es el hacinamiento carcelario y la altísima proporción de detenciones preventivas”. Por ello, el experto exhortó al país a “intensificar sus esfuerzos para combatir el abuso de la figura de la prisión preventiva y reducir la sobreocupación en los centros de detención” y la “Ley de Deslinde Jurisdiccional del 2010, eliminar restricciones y limitaciones que neutraliza a la justicia indígena”, y establecer nuevamente la llamada justicia de paz para asuntos y cuestiones menores, “habida cuenta de su accesibilidad y la falta de jueces en la mayoría de las circunscripciones del país”.

El incumplimiento del derecho al DEBIDO PROCESO, retardación y mora procesal, las altas tasas hacinamiento carcelario y de presos sin condena, así como los recurrentes casos de condena de inocentes por error judicial, las redes de corrupción judicial y la persecución política selectiva, revelan problemas con raíces profundas, que han hecho que la justicia no llegue a las y los bolivianos. Y en relación con los procesos de preselección de los magistrados, para que éstos sean guiados exclusivamente por la identificación de los méritos, la carrera profesional y el compromiso con los derechos humanos. Y no por consideraciones político partidarias. Así se podría recuperar la credibilidad del sistema judicial y evitar que la gente tome la justicia por mano propia e incurra en agresiones que acaban quitando la vida.

La crisis que experimenta la justicia en Bolivia se debe a su falta de independencia ante el poder político, bajo presupuesto, baja formación de sus operadores, sin idoneidad e imparcialidad de jueces y fiscales, instrumentalización de la justicia para la persecución política, alta corrupción con la designación arreglada de autoridades judiciales. sometidas a redes clientelares y parentelas, mercantilización de la justicia, donde todo tiene precio, con frecuente compra venta de cargos, y las redes judiciales coludidas con el poder político.