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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 15 de marzo de 2023
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia representativa
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Este 9 de Marzo líderes indígenas del Bajo Paraguá dieron al alcalde de San Ignacio de Velasco un ultimátum para que frene los avasallamientos en esta área protegida. La deforestación de esta parte de la Chiquitania continúa de forma impune hace meses pese a denuncias de pueblos indígenas, periodistas, activistas, y hasta la misma gobernación de Santa Cruz, pero instituciones estatales como la ABT se negaron a tomar acciones al respecto. Mientras tanto el gobierno de Arce prioriza solucionar conflictos de su partido favoreciendo a sus seguidores con herramientas estatales, demostrando que la protección del medio ambiente no es, y nunca fue, su prioridad. ¿Cómo más explicar la impunidad a grupos que deforestan el Bajo Paraguá? Como bien indicó Renzo Abruzzese en su última columna: “Mientras ellos se sacan los ojos, el país funciona a la deriva”.
En esta misma columna Abruzzese hace una observación en la que quiero ahondar. Él indica que los nuevos actores políticos nacidos del poder ciudadano debemos entender la importancia de la época actual por el desafío que nos plantea: toca proponer una nueva visión de país ahora que vivimos el fin de lo “nacional-popular”. Mi generación parece haber heredado un país roto social, política, económica y ambientalmente, pero me atrevo a decir que de estos dolores de parto sí han nacido nuevas visiones de futuro. La que tenemos en Ríos de Pie, movimiento del que soy co-fundadora, es simple: Proponemos una Bolivia con democracia real y estado de derecho, la noviolencia como principal herramienta de movilización y participación ciudadana, y la protección al medioambiente como base para una economía verdaderamente sostenible.
Un estado verdaderamente democrático, con independencia de poderes y estado de derecho, es el único remedio al autoritarismo de este y anteriores gobiernos. En su intento de aferrarse al poder el MAS se está hundiendo en una crisis de gobernabilidad y nos vuelve cada vez más un estado fallido. Los altos índices de conflictividad del país, documentados anualmente por la Fundación Unir, demuestran que los supuestos canales existentes para la democracia participativa no son efectivos y muchos pedidos ciudadanos derivan en conflictos en calle y represión. No ha habido verdad, justicia ni reparación para víctimas de abusos de gobiernos del MAS (miremos el caso terrorismo del 2009, o la Calancha el 2007), ni de dictaduras militares en los 70s-80s. Seguimos teniendo uno de los 10 peores sistemas judiciales a nivel mundial según informes del World Justice Project. La visión de una Bolivia que supere todos estos vacíos legales y estructurales es compartida por muchos, y la encarnación de dicha visión se ve hoy en la campaña nacional que exige una reforma judicial.
El camino hacia ese estado verdaderamente democrático es para nosotros la noviolencia. Existe una correlación clara entre nuestra cultura política altamente conflictiva y el hecho de que somos uno de los países con más feminicidios en el hemisferio. La violencia está normalizada en Bolivia, desde el núcleo familiar hasta la persecución política, y aunque dicha normalización sea un resultado de los procesos históricos que han formado el país no quiere decir que participar en política implique inevitablemente repetirla. Quizás aquí está el reto más grande: Plantear una forma radicalmente distinta de hacer política y hasta de relacionarse con el estado abusivo, no desde la búsqueda de venganza y destrucción del otro, sino de una construcción paralela de espacios de movilización masiva que ejerzan democracia en el proceso, lo suficientemente inteligentes para no entrar en el juego que el estado abusivo mejor conoce (violencia) sino en la movilización estratégica de los recursos en manos de la ciudadanía. La democracia como fin preexistente en los medios para crearla.
En este contexto la protección del medio ambiente también es fin y medio. Pocas cosas nos unen en un país tan fracturado pero el daño medioambiental que ejerce el gobierno hoy afecta indiscriminadamente en Andes y Chiquitania. Como Ríos de Pie, creemos que es posible buscar unidad nacional bajo esta temática común y ojalá en un futuro, construir una economía vibrante, sostenible e independiente de la explotación de materias primas. La naturaleza, en el proceso de “protegerla”, tiene mucho que enseñarnos, y una de esas cosas es reconocer la interrelación de partes distintas y trabajar en unidad por un bien común. Ojalá todos estemos dispuestos a hacerlo.
intento de aferrarse al poder el MAS se está hundiendo en una crisis de gobernabilidad



