El valorable esfuerzo de los denominados Juristas Independientes, que han emprendido una campaña de recolección de firmas, parece tropezar con obstáculos que de ninguna manera son de su responsabilidad, sino más bien, del engorroso proceso establecido por la Ley Electoral 026, que pareciera haber sido diseñada para, en lugar de facilitar la participación ciudadana, restringirla.

Si revisamos el texto, los requisitos parecen ser insalvables para cualquier ciudadano común que pretenda ejercer su derecho a plantear un referéndum: el Artículo 16 de esta Ley, señala que la convocatoria a referéndum mediante Iniciativa Popular, debe contar con el 20% de firmas y huellas digitales correspondientes al padrón vigente al momento de llevar adelante esa iniciativa, esto implica que a la fecha se ha de requerir aproximadamente un millón y medio de firmas, tarea colosal que es casi imposible emprender en apenas 90 días, sin una estructura nacional de algún tipo.

Si fuera un referéndum departamental, la ley exige el 25% del padrón y si fuera municipal el 30%, lo que ya a todas luces muestra cómo ésta ha sido diseñada para frenar de sopetón cualquier iniciativa que provenga de la ciudadanía, pues encarar una campaña de esta naturaleza, es una tarea altamente costosa en términos logísticos (impresión de libros, bolígrafos, tampos de tinta, transporte; sin contar mesas, sillas, refrigerios y otros ítems más), lo cual es una aberración, tomando en cuenta los tiempos que vivimos y que podría hacerse uso de equipos biométricos o mejor aún, el uso del internet, ya que hoy el registro o identificación de ciudadanos y el propio padrón electoral se supone están digitalizados.

El segundo obstáculo está vinculado a la falta de confianza en el Órgano Electoral Plurinacional (acusado de estar controlado o al menos influenciado por el partido de gobierno), que de acuerdo a la misma norma y Artículo (parágrafo II inciso a), será la instancia encargada de verificar el cumplimiento de este requisito, es decir la cantidad requerida y la veracidad de las firmas y en base a esa revisión, podrá encaminar o rechazar la iniciativa.

El tercer obstáculo, que pareciera el más difícil de salvar, es la Asamblea Legislativa Plurinacional, que por todas las declaraciones de los asambleístas de la mayoría oficialista, en contra del proceso de recolección de firmas, hace ver que ya tienen una posición en contra y que no están interesados en que la iniciativa abra una puerta para iniciar el proceso de construcción de un Órgano Judicial independiente y probo, que cumpla con su rol constitucional, le brinde seguridad jurídica a las personas naturales y jurídicas, y que además restituya el derecho al Debido Proceso de todas y todos los bolivianos, derecho perdido hace muchos años atrás y que ha dado lugar a la violación sistemática de los derechos de miles de ciudadanos y ciudadanas en las últimas décadas.

Lo concreto es que no existe voluntad política en el bloque que detenta el poder para cambiar la injusticia que impera en el país. Instituciones como el Órgano Electoral, la Ley 026 del Régimen Electoral y la falta de voluntad de los órganos Ejecutivo y Legislativo, se han encargado de poner candados a la posibilidad de que ciudadanos ejerzan la Democracia Directa. Sin embargo, habrá que esperar los resultados finales de la recolección de firmas. Por ahora se ve presencia dinámica y decidida de bolivianos y bolivianas en cada mesa que se abre con este fin, pero queda claro que un gran sector de la ciudadanía duda por temor justificado en poner su nombre, datos y firma, pues no confía en el Estado e incluso algunos temen por represalias de cualquier tipo, ya sean laborales, impositivas, sociales, políticas o incluso físicas, como ya se está haciendo normal en la política boliviana.

El poder político estará enfrentado nuevamente a cientos de miles, ojalá más de un millón, de ciudadanos que, a pesar de dudas y temores, expresará en los libros su repudio al uso abusivo y arbitrario del Poder Judicial y a la corrupción nauseabunda que impera en su interior. Es, por tanto, el escenario y el momento para mostrar la voluntad ciudadana de construir un Estado de Derecho basado en la justicia, en el marco de una plena democracia.