Se debe revisar el procedimiento del revocatorio y dar competencias al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para que constituya un “Tribunal- Comisión de Evaluación”, previo para verificar si procede, o no, el revocatorio de autoridades electas y no encaminarlos en ese “tránsito tan engorroso, manifestó el analista politólogo, Carlos Cordero.

“El procedimiento habría que cambiar, hacerlo menos burocrático, el OEP, podría crear una instancia como un Tribunal, cuando la ciudadanía reúne un número de firmas, muy bajo, para revocar a una autoridad, debería evaluarse si tiene variables políticas o indicios de culpabilidad y responsabilidad, que amerite ir a un revocatorio”, explicó Cordero.

Esta propuesta se circunscribe en el análisis de los factores que lidiaron los “promotores” que tenían la misión de recolectar firmas y huellas de los ciudadanos que voluntariamente podían adherirse a la iniciativa, pero que la misma significa gastar una gran cantidad de energía y concluyen que el mecanismo democrático no funciona.

“Esta especie de Tribunal podría dirimir ciertos aspectos, porque la cantidad de energía que tuvieron que gastar en organizarse hacia la sociedad civil no ha prosperado, esto genera una sensación de que la democracia no funciona. Es decir, este mecanismo constitucional no va”, desde el análisis de cordero.

Actualmente, dentro competencias específicas, el Órgano Electoral podría adoptar la competencia de Tribunal para dirimir controversias políticas electorales y ayudar a mejorar la democracia.

“Debe ser un Tribunal que facilite y no que impida (…) tenemos los Tribunales Electorales Departamentales (TED) que podrían convertirse junto al TSE, en instancias de apelación (…) y esto podría significar un cambio en sus competencias y serviría para que se conviertan en Tribunales y diriman controversias políticas electorales, que ayudaría a mejorar la democracia”, planteó.

NORMAS QUE NO FUNCIONAN

Planteó que quizás la norma puede ser innovadora, pero el procedimiento para lograr un objetivo a través del mecanismo constitucional, dentro del juego democrático, se hace burocrático y desalienta a los ciudadanos que no están conformes con la gestión de sus autoridades electas mediante el voto.

“Son leyes que te dan la posibilidad de revocar el mandato, pero recolectar firmas es una burocracia, es un costo muy alto, y deja en la impunidad a las autoridades que son impugnadas por los ciudadanos, que quieren cambiar las cosas en un municipio, por ejemplo, donde no tienen instrumentos adecuados de fiscalización”, aseveró.

FIRMAS Y VOTACIÓN

Cordero consideró que la recolección de firmas no debería ser una limitante, el revocatorio debe concentrarse en la cantidad de votación que debe lograrse para revocar autoridades electas.

“Para revocar a las autoridades electas, no solamente hay que reunir una cantidad de firmas sino hay que conseguir una votación y superar la que hubiera adquirido la autoridad electa, son varios cerrojos que tiene pero debería centrarse en este factor, la votación”, indicó

“Reunir firmas para poder hacer un revocatorio (…) ya es difícil, pero con la votación, por ejemplo, si una autoridad fue elegida con el 45% para poder revocarla se tendría que conseguir un 46% es la cantidad proporcional con la que fue elegida, es decir, tendría que ser igual o mayor”, afirmó.

Sin embargo apunto sobre los mecanismos de fiscalización, que uno de ellos es el control social, que no funciona, y uno de los casos emblemáticos en estos tiempos es el caso del municipio de Achacachi

“Ahora los mecanismos de fiscalización debieran funcionar, el Control Social es un factor que no está, el tema de Achacachi, es uno, si el ciudadano tuviera el problema con un alcalde, pasaría por solo pedirle que rinda cuentas y este sería un procedimiento, más expedito para buscar el revocatorio”, concluyó Cordero.