Desde el MAS, el diputado Juan José Jáuregui tildó de “ignorantes” a quienes se oponen al reglamento azul para laspróximas elecciones judiciales, mientras la Comisión Mixta de Justicia Plural del Legislativo comenzó con la revisión de tres proyectos para ese fin, la cual no terminaba hasta el cierre de esta edición.

Más temprano, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, señaló que la iniciativa de reformar la justicia será “difícil” de aplicar este año. Ante ello, el abogado José Antonio Rivera, miembro del colectivo de juristas, ratificó que el referendo es posible antes de octubre.

El diputado del ala renovadora y presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, tildó de “ignorantes” a los opositores al reglamento que el MAS presentó para las elecciones judiciales, cuyo tratamiento se inició este martes. El partido oficialista necesita los dos tercios para aprobar el reglamento, algo que la oposición y el ala radical del MAS anunciaron que no viabilizarán.

“Subrayo y pongo entre comillas es una ignorancia asumir de que existiría nuevos elementos que no están ya dentro de la Constitución o dentro de las leyes 025 y 027 dentro del reglamento que ha sido propuesto por parte del MAS. No existe nada nuevo que pueda construir un reglamento, un reglamento no es otra cosa que la compilación de los requisitos que ya están en la Constitución y la Ley del Órgano Judicial”, enfatizó Jáuregui.

Unas horas antes, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos anunció que como bancada opositora no darán luz verde al reglamento de los oficialistas. “No vamos a blanquear (apoyar) un proceso de magistrados de altas autoridades del Órgano Judicial cuando el MAS tiene todas las cartas echadas. El MAS quiere imponer al pueblo un reglamento hecho a su medida que es peor que los reglamentos anteriores, un reglamento que replica el pasanaku de cargos y no respeta el voto ciudadano”, precisó.

Mientras que el diputado evista Daniel Rojas criticó el reglamento que presentó el ala renovadora azul porque, según él, fue “digitado” por el ministro de Justicia, Iván Lima. Expresó sus dudas de que “se llegue a un consenso para aprobar el reglamento”.

El analista político Rolando Schrupp señaló que el reglamento que propuso el MAS para llevar adelante las elecciones judiciales va a permitir “que el actual sistema judicial continúe tal como estaba hasta ahora o tal vez peor. Hay una lógica de profundización del totalitarismo y el autoritarismo”.

Hasta el cierre de esta edición se leían todavía las tres propuestas de reglamento para las judiciales que llegaron a la Comisión Mixta de Justicia Plural. La posibilidad de llegar a un consenso aún estaba lejos y la advertencia de aprobar el mismo a través de una Ley Corta o Ley Especial Transitoria como propuso el masista Renán Cabezas aún rondaba por los pasillos de la ALP, si el MAS no alcanza los dos tercios de votos, aunque el diputado Jáuregui volvió a insistir en que ese reglamento se aprueba “por simple mayoría”.

Hassenteufel ve complicaciones a la reforman de los juristas

“Este grupo de juristas está recolectando firmas para poder hacer posible un referendo, eso tiene algunas complicaciones, porque una vez que reúnan las firmas necesarias, esas firmas deben ser verificadas en el Tribunal Supremo Electoral y luego eso debemos enviarlo al Tribunal Constitucional. No sabemos realmente si eso puede avanzar en el curso de este año, lo veo difícil y no es que esté en contra del proyecto ni mucho menos, pero lo veo bastante difícil”, señaló Hassenteufel en conferencia de prensa.

El 25 de enero se inició la recolección de 1,5 millones de firmas para la reforma de la justicia a través de un referendo y hasta la semana pasada más de 500 mil ciudadanos estamparon sus rúbricas para este cometido, cuyo plazo es el 23 de abril.

Hassenteufel se sumó a las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, que el sábado 5 de marzo descartó también la iniciativa ciudadana. “El Tribunal Constitucional, hasta donde conozco, despacha anualmente entre cuatro mil y cinco mil causas, entonces no es fácil que el Tribunal pueda despachar este asunto específicamente en un plazo muy corto, porque hay muchas causas que están esperando su turno (...). Nosotros tenemos 30 días para hacer esa revisión, creo que lo podemos hacer, nosotros no tenemos problema”, aseguró el presidente del TSE. Diputados oficialistas también descartaron la iniciativa de los juristas.

“Hay tiempo”

José Antonio Rivera, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y miembro del grupo de juristas que lleva adelante la iniciativa ciudadana de reforma judicial vía referendo, lamentó “las desafortunadas declaraciones” de Hassenteufel e indicó que si se cumplen los plazos señalados en Ley 026 es posible un referendo antes de octubre.

“Lamentable que el presidente del TSE emita una opinión pública desahuciando la iniciativa porque supuestamente no alcanzan los tiempos (...). Si se cumplen celosamente los plazos establecidos en la Ley 026 y el Reglamento es perfectamente posible que se realice la votación del referéndum antes de octubre de este año, situación no analizada adecuadamente por el presidente del TSE”, insistió Rivera.

Complementó que el TSE tiene 30 días para revisar los libros firmados, y que el TCP “tiene que sortear el expediente y cuenta con 15 días hábiles para emitir la declaración”.

“Si hubiese una voluntad real de cumplir con la CPE y la Ley y de enfrentar esta crisis estructural, es perfectamente posible que el TCP pueda emitir la declaración constitucional máximo en 30 días calendario y no como dice el presidente del TSE en meses”, precisó Rivera al recordar que fue el TSE que dilató el inicio de la recolección de firmas, un proyecto que fue presentado en julio de 2022 y que recién en octubre fue aprobado.

Rivera reiteró que la propuesta de transformación estructural de la justicia más allá de que se realicen o no las elecciones judiciales.

Mientras eso sucede en torno a la iniciativa ciudadana, la Comisión Mixta y de Justicia Plural de la ALP inició este martes la elaboración de un reglamento consensuado entre el proyecto que presentó el Movimiento Al Socialismo (MAS) y otros dos de la oposición.