El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) José Antonio Rivera, en representación del grupo de Juristas Independientes que lleva adelante la iniciativa ciudadana de una reforma judicial vía referendo, lamentó las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, e indicó que si se cumplen los plazos señalados en Ley 026 es posible que el referendo se realice antes de octubre.

“Lamentable que el presidente del TSE emita una opinión pública desahuciando la iniciativa porque supuestamente no alcanzan los tiempos (...). Si se cumplen celosamente los plazos establecidos en la Ley 026 y el Reglamento es perfectamente posible que se realice la votación del referéndum antes de octubre de este año, situación no analizada adecuadamente por el presidente del TSE”, explicó el jurista.

El presidente del TSE señaló que no considera que el proceso que realiza el grupo de Juristas Independientes -recolectando firmas para una reforma constitucional- avance en el curso de este año, debido a la cantidad de causas que debe resolver el TCP.

Rivera detalló que el TSE tiene 30 días para revisar los libros firmados, y que el TCP “tiene que sortear el expediente y cuenta con 15 días hábiles para emitir la declaración”.

“El TSE cuenta con un plazo de 30 días para verificar los libros, de haberse cumplido tiene que remitir en consulta la propuesta de reforma parcial de la Constitución y las preguntas y, desde la recepción correspondiente, el Tribunal tiene que sortear el expediente y cuenta con 15 días hábiles para emitir la declaración. Si hubiese una voluntad real de cumplir con la CPE y la Ley y de enfrentar esta crisis estructural, es perfectamente posible que el TCP pueda emitir la declaración constitucional máximo en 30 días calendario y no como dice el presidente del TSE en meses”, aclaró.

El exmagistrado además de lamentar las declaraciones de Hassenteufel recordó que fue el TSE quien dilató el comienzo de la recolección de firmas.

Según el jurista, la iniciativa fue presentada el 28 de julio de 2022 y recién en octubre se aprobaron las preguntas y se autorizó la recolección, pero con una serie de obstáculos que obligó a los promotores a presentar impugnaciones, razón por la que recién el 25 de enero de este año iniciaron la cruzada nacional para recolectar las firmas.

Rivera, que forma parte del grupo de juristas independientes, remarcó que la propuesta de transformación estructural de la justicia más allá de que se realicen o no las elecciones judiciales, tiene la finalidad de “transformar estructuralmente el sistema judicial de Bolivia, asumiendo un conjunto de medidas y acciones orientadas a resolver los problemas económicos, financieros, institucionales, administrativos, legislativos, académicos y políticos que generan esta crisis terminal de la justicia”.

En ese contexto, enfatizó lo siguiente: “Espero que el TSE y el TCP actúen con total independencia, con apego a la Constitución y a las leyes”, apuntó el jurista.

Asimismo, dijo que si se siguen poniendo obstáculos a esta iniciativa ciudadana, cuya única finalidad es iniciar un proceso de transformación estructural del servicio judicial, a futuro “se irá deteriorando el Estado constitucional de derecho, desapareciendo la seguridad jurídica y estaremos camino de un Estado democrático a un Estado autocrático, lo cual sería lamentable”.