Así lo demuestran el Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia de la Fundación Construir (2020), cuyas observaciones descubren la falta de independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia en el desempeño de las funciones de los jueces y magistrados, y el Informe del Relator Especial sobre la independencia de la justicia en Bolivia (2022), ratificatorio de lo antedicho, que añade datos acerca de los índices de retardación de justicia que en general son de 57%, con 51% de carga procesal penal pendiente, 10% en violencia/anticorrupción, 12% en familia y 14% en administrativo/fiscal/del trabajo y seguridad social. También indica que una causa judicial puede durar hasta 10 años en resolverse, que el hacinamiento carcelario es de 349,8% y la detención preventiva de 64,1%. Se suma a ello que la criminalidad ha subido a 66,53 % y la inseguridad ciudadana a 60,97% en los últimos 3 años, según numbeo.com.

Panorama complejo cuya reversión requiere superar sus causas principales. En esa dirección, la Iniciativa Ciudadana para la Reforma Judicial vía Referendo Popular, ha identificado motivos fundamentales que la legitiman, a saber:

1.- La elevación de la calidad de la administración de justicia, actualmente en caída libre por las deficiencias anotadas, demostración de la urgente necesidad de que los operadores de este órgano del Estado sean los mejores abogados, con alta competencia profesional y plena solvencia ética, garantizando su dominio del derecho para solucionar los casos aplicando la ley y plasmar lo mejor posible la justicia, con oportunidad. En suma, garantizando serán verdaderos servidores públicos.

¿Cómo se logrará? Modificando el procedimiento actual de selección de candidatos que ha dado lugar a una manipulación política inadmisible en un Estado de derecho que se precie de serlo, con los deplorables resultados anotados, encomendando esa tarea a una comisión conformada por 2 delegados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), 1 por mayoría y 1 por primera minoría, 2 por el Sistema Universitario Nacional, 1 por el Colegio Nacional de Abogados y 1 por el sistema de justicia indígena. Ellos calificarán méritos y competencia de quienes se postulen, elaborando ternas para cada uno de los cargos de los más altos tribunales de justicia con los mejores. De dichas ternas la ALP elegirá por 2/3 de votos a los magistrados.

¿Se excluye la voluntad popular en este proceso? No. Las nóminas elegidas de la manera señalada se someterán a consulta popular a través de referéndum.

2.- Que todos tengamos acceso a la justicia, oportuna y con calidad, pues los juzgados son “la casa del jabonero: el que no cae, resbala” y, por consiguiente, es interés común mejorar el trabajo de este órgano estatal. Actualmente son pocos jueces para muchos procesos, lo que se suma a la incompetencia como causa de retardación de justicia, perjudicando a quienes necesitan la solución de los conflictos que afectan sus vidas y derechos. Se trata, por tanto, de contar con más juzgados, equipados con suficiencia.

En paralelo, se requiere la disminución de la carga procesal resultante de la cultura de litigio que tiende a llevar a juicio todo tipo de controversias.

¿Cómo se logrará? Por una parte, incorporando en la CPE una previsión expresa de asignación presupuestaria anual para la administración de justicia, de 3%, mínimo necesario para la instalación y funcionamiento de los juzgados en condiciones dignas para operadores de justicia y litigantes. Por otra, fortaleciendo la justicia indígena de manera que solucione las controversias entre los integrantes de los pueblos indígenas aplicando sus normas mediante sus autoridades tradicionales. Finalmente, en las áreas urbanas, diferenciando las controversias según su grado de complejidad, dejando las más graves a cargo de los tribunales, y creando los juzgados de paz para los menos graves, encomendados a ciudadanos elegidos por los vecinos, quienes tendrán a su cargo solucionarlos por la vía de la mediación y la conciliación.

Para que quede claro como el agua: la propuesta para la Reforma Judicial implica modificar 12 artículos de la CPE e incluir en ella 2 artículos nuevos. NADA MÁS.

Dicho esto, cierro declarando el horizonte de esta cruzada: la protección de TODAS las personas ante el poder con el escudo de la justicia para impedir el abuso. Por eso, somos voluntarios que, a fuerza de pulmón, con alegría y esperanza, avanzamos recolectando miles de firmas cada día, en pro del motivo fundamental del derecho: la dignidad humana. Y vamos a ganar.