Que la justicia en el país atraviesa una de sus peores crisis es algo que ni el masismo lo puede negar. Otra cosa es que convenga a sus intereses.

Pero las propuestas para buscar una mejor selección de autoridades judiciales han tomado, los últimos meses, dos vías. La primera, la del equipo denominado Juristas Independientes, que han asumido el desafío de recolectar 1,5 millones de firmas para propiciar un referendo, que a su vez conduzca a una reforma judicial. La segunda, de la oposición, de plantear una propuesta alternativa a la del oficialismo, vía Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para reglamentar esta selección.

Esta dicotomía amagaba, por algún tiempo, con convertirse en una pelea interna en el bando de los rivales del MAS, pues, mientras los legisladores opositores se esmeraban en plantear sus normas en la ALP, los Juristas Independientes las cuestionaban alegando que eso era seguir el juego del oficialismo para concretar este año la elección de nuevas autoridades judiciales postergando cualquier posible reforma judicial para 2029.

Dos aspectos hay que preguntarse en este accionar: ¿alguien tuvo la peregrina esperanza de que el oficialismo daría curso en la ALP a las propuestas de Creemos o Comunidad Ciudadana? ¿Qué otra cosa pudo haber hecho la oposición considerando que de no haber presentado ninguna propuesta se daba argumentos al oficialismo para justificar sus propias reglas?

Las cartas ya están volcadas. El pasado jueves, se conoció que la Comisión de Constitución de la ALP rechazó las propuestas de CC y Creemos, que ahora se han volcado abiertamente a apoyar la campaña de los Juristas Independientes. La única manera de evitar un atropello “en la elección de los altos magistrado imponiendo candidaturas de personas que carecen de los méritos y competencias necesarias y de imparcialidad política es el bloqueo de la oposición”, declaró ese día el diputado de CC George Komadina. 

Del otro lado, queda por ver si el dividido MAS logrará rearticularse en la búsqueda de los dos tercios para aprobar sus normas favorables al oficialismo. Esperar a que esto no ocurra, sin embargo, es jugar a la ruleta rusa. Incluso en el que caso de que no se logren estos dos tercios, los analistas advierten que queda otra posibilidad: que el oficialismo busque, mediante una ley corta, la designación de autoridades judiciales interinas (impuestas por la mayoría oficialista, por supuesto).

En esas circunstancias, parece nomás que la única manera, aún en juego, para evitar la imposición de autoridades judiciales por parte del masismo es insistir en la cruzada de recolección de firmas en pro de un referendo para la reforma judicial. Si alguien conoce otra vía… hasta para eso ya es tarde.