Los cívicos potosinos demandan la aprobación y promulgación del “proyecto de ley consensuada”, pese a que hay un documento avanzado en ese sentido en la Cámara de Diputados.

El jueves pasado, los delegados de organizaciones afiliadas al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) definieron esta medida de hecho, que se extenderá hasta el miércoles, inclusive.

Al día siguiente se reunió el Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados y envió un documento a consulta al Ejecutivo y a otras entidades, de acuerdo a procedimiento parlamentario.

Al momento el proyecto de ley presentado a Diputados el 9 de marzo está en consulta a 15 instancias y se estima que en el lapso de diez días se podrá contar con la respuesta de cada una de ellas y volver a la cámara de origen para su tratamiento.

La definición del paro de 72 horas no fue fácil para los dirigentes cívicos porque hubo sectores que cuestionaron esta medida de presión y solicitaron que se dé más tiempo para que el proyecto avance en la instancia legislativa.

Una parte de los gremiales afiliados a Comcipo abandonó la reunión y señaló que no acatarán el paro porque les genera pérdidas, en un momento en el que pretenden recuperarse del golpe económico generado por la pandemia del coronavirus.

La presidenta de Comcipo, Roxana Graz, explicó que los asambleístas tardaron más de un mes para que el documento vaya a consulta y que podían haberlo hecho en cinco días, lo cual, dijo, muestra la falta de voluntad de los diputados.

Destacó que el paro de 72 horas es para que se cumplan los plazos y no se alargue el tiempo de espera, y que se pueda contar con una ley del litio en el menor tiempo posible.

Otros dirigentes enfatizaron en que con esta medida de presión también se busca la atención a otros proyectos, las demandas de sectores como el magisterio urbano, además de exigir la renuncia del gobernador Jhonny Mamani y el alcalde potosinos Jhonny Llally “por su mala gestión”.

PERJUICIO

Los dirigentes cívicos explicaron que el documento consensuado con la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (Frutcas), Nación Indígena de Coroma y las organizaciones de Oruro fue presentado al Senado el 1 de febrero con la firma de la senadora orureña Mery Rosalía Choque.

El senador potosino del ala ‘evista’ del MAS Hilarión Mamani presentó un proyecto alternativo, lo cual frenó el avance del documento apoyado por los dos departamentos, según denunciaron varias fuentes.

Para evitar más perjuicio, se optó por presentar el mismo documento en la Cámara de Diputados con la firma de la diputada Elsa Alí Ramos, y a esta iniciativa se adscribieron otros legisladores potosinos.

Ese proyecto de ley es el que fue a consulta y en Potosí esperan que siga su curso de acuerdo a los plazos previstos por las normas parlamentarias.

La dirigente Graz advirtió que, en caso de que se quiera alargar el tiempo de consulta o paralizar el trabajo en otras instancias, se recurrirá a las medidas de presión, sin descartar una huelga general indefinida en la ciudad de Potosí.

AYLLUS

Los ayllus originarios indígenas del Norte de Potosí advirtieron que si el presidente Luis Arce no convoca al diálogo para atender las demandas de Potosí, se sumarán al bloqueo de carreteras.

El Gobierno no ve razón para los bloqueos

La demanda del litio no es el único punto en el pliego de las organizaciones sociales de Potosí, que iniciaron protestas la pasada semana.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aseguró que no hay motivos para bloquear las carreteras en Potosí ya que las demandas de la región están siendo atendidas de manera paulatina y se aprobaron varios proyectos en favor de este departamento.

En conferencia de prensa, la autoridad gubernamental cuestionó que el senador Hilarión Mamani, de su propio partido, esté en huelga de hambre en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), cuando en “sus manos está los proyectos de obras para Potosí para ser aprobados”.

Explicó que se trabaja en la construcción de la doble vía Oruro–Potosí, en su primer tramo. Asimismo, la construcción del tramo Hornillo–Simpora–El Puente está en la fase de preinversión y aprobación con número de Ley 1266.

El proyecto de asfalto en la carretera Uyuni–Hito 60 está en su etapa de inversión. La construcción de la carretera “Tincui” ya fue aprobada, debe pasar a la Red Vial Fundamental y para ello deben trabajar otra ley tanto diputados como senadores.

Además, hace tres días, ya fue aprobada la ley de ampliación del aeropuerto de Uyuni, esta semana se promulgará la misma y se autorizará la licitación.

“Estoy viniendo con resultados que se ha avanzado y entonces ¿por qué los bloqueos?”, cuestionó.

Montaño denunció que se identificó a un funcionario de la Gobernación de Potosí, que también está en manos del Movimiento Al Socialismo, que promueve estas medidas de presión y lamentó que haya personas que no quieran el desarrollo de Potosí.

En Santa Cruz reportan dos bloqueos

El departamento de Santa Cruz presenta bloqueos en dos carreteras por distintas demandas y existe el anuncio de una nueva medida de presión de similares características para este lunes.

El conflicto más prolongado está en la carretera Santa Cruz-Cochabamba, altura kilómetro 50 de Yapacaní, donde comunarios del Norte Integrado exigen, desde hace varios días, la construcción de un camino de 30 kilómetros.

Aunque desde las 18:20 de este domingo, los manifestantes de esta zona declararon un nuevo cuarto intermedio para que pasen los vehículos que estaban parados, sus dirigentes informaron que volverán a bloquear cuando pase el último motorizado de la fila, según un reporte brindado a El Deber.

Otro conflicto está en el ingreso a Concepción, donde la Línea 102, Trans Guarayos, bloqueó con sus unidades la llegada de un bus de la empresa Trans Oriente.

Según se supo, dicho bus llegaba para exhibir a la población de esa zona las “bondades” de sus servicios en la ruta Concepción-Santa Cruz.

La 102 es la única empresa de buses que presta servicios entre Concepción y Santa Cruz, pero en las últimas semanas surgió una nueva oferta de Trans Oriente.

Además, el Bloque de Transportes Unidos Valles Cruceños resolvió ingresar en un bloqueo indefinido de caminos desde las cero horas de este lunes.

Cooperativistas, también en apronte

La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz (Fecoman) rechazaron el acuerdo entre el Gobierno y la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) para viabilizar la aprobación del proyecto de ley del oro en el Legislativo hasta que se trate de manera paralela el impuesto único de 4,8% acordado en octubre de 2022.

El presidente de Ferreco, Eloy Sirpa, en contacto con la ANF, afirmó que Fencomin no los representa porque no aglutina a las cooperativas que se dedican a explotar oro. Además, dijo que el martes sostendrán una reunión donde evaluarán la situación y no descartan con asumir medidas de presión.

Nosotros no estamos de acuerdo con el tratamiento de esa norma mientras no se trate el proyecto de Ley de nuestro régimen tributario (…) Vamos a tratar esa situación con seguridad, si el Gobierno está acordando con una institución que no nos representa”, afirmó el dirigente cooperativista.

El viernes, Fencomin y el Gobierno arribaron a un acuerdo para la sanción “lo antes posible” del proyecto de Ley de Compra de Oro destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales. En esa oportunidad, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, dijo que se analizaron las sugerencias de ese sector y se subsanaron las observaciones.