En el modelo judicial del MAS, se vota pero no se elige, y lo peor es que los candidatos que han sido rechazados en las urnas, igual terminan designados ¡vaya forma de elegir! El cómo designar a las magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroindustrial, y Consejeros de la magistratura, ha recobrado actualidad ya que este año cumplen sus períodos de funciones y tiene que comenzar el proceso para las designaciones de las nuevas autoridades judiciales. Los dos procesos eleccionarios (2011-2017), lejos de resolver los problemas estructurales del poder judicial, han profundizado la crisis y el sistema judicial se encuentra colapsado, prostituido y en medio de un descrédito total.

Es verdad que estas designaciones siempre fueron políticas y dependían de los jefes de las mayorías parlamentarias. Sin embargo, con el pretexto de “descolonizar la justicia” y echando por la borda toda la tradición jurídica y política, el MAS estableció en la Constitución que las principales autoridades judiciales serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal, lo cual parecía ser una medida positiva (arts. 182, 188,194, 198). No obstante, este sano propósito de elegir se opaca cuando la misma Constitución prevé que “la Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al Órgano Electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral”.

Y como el MAS tenía el control total de la Asamblea Legislativa y el Órgano Electoral, no sólo fueron elegidos los candidatos del partido gobernante, sino que ambos procesos electorales estuvieron bajo sospecha y terminaron como máximas autoridades judiciales personas afines al oficialismo. En el fondo no se ha garantizado la independencia judicial ni fueron elegidos los mejores profesionales, de modo que el remedio resultó peor que la enfermedad.

En general sólo con procesos transparentes y participativos, basados en la evaluación de méritos de las y los candidatos, y cuyos requisitos y contenidos estén claramente definidos, se puede garantizar que las y los mejores profesionales sean seleccionados. Tal como sostiene la Fundación para el Debido Proceso y la Fundación Construir, los procesos de selección y nombramiento de juezas y jueces son una pieza clave para lograr la independencia judicial: de su calidad depende que los designados reúnan las condiciones que les permitan resistir injerencias indebidas y fallar imparcialmente (Luis Pásara: Elecciones judiciales en Bolivia: Una experiencia inédita, 2014, disponible en www.dplf.org.)

En esta línea, los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la Judicatura, establecen que las juezas y los jueces deben ser “personas íntegras e idóneas” y tener “la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas”, y que los procesos de selección deben estar orientados a la verificación de estas calidades.

El sistema interamericano de derechos humanos exige que los procesos de selección judicial deben reunir “ciertos parámetros básicos”, para garantizar que las personas escogidas sean las más idóneas, según los siguientes criterios: 1) Garantizar la igualdad de condiciones y la no-discriminación en los procesos de selección; 2) Hacer la selección sobre la base de méritos y las capacidades de las y los candidatos; 3) Brindar publicidad y transparencia a los procesos; 4) Otorgar una duración suficiente en el cargo para el que se produce el nombramiento; 5) Garantizar que la intervención de órganos políticos en los procesos no afecte la independencia judicial.

En todo caso, no existe un sistema perfecto para designar a las principales autoridades judiciales. Lo que resulta esencial es que se respeten ciertos parámetros en un proceso de selección, que tiene como base tanto el derecho internacional como la experiencia adquirida a lo largo de las últimas décadas, sea cual sea el modelo que cada país considera el más adecuado para su realidad. Tales parámetros corresponden esencialmente a la necesidad de designar autoridades judiciales sobre la base de sus méritos, demostrados en un proceso de selección transparente y en esto coinciden las fuerzas democráticas que están en la oposición, pero rechaza el gobierno.