Es verdad de Perogrullo que la justicia boliviana está entre las peores del mundo, con altos niveles de corrupción, injerencia de los órganos Ejecutivo y Legislativo y retardación en la resolución de causas. Recordar la cantidad de casos en los que la injusticia se aplicó de manera evidente demandaría tomos y tomos de libros que nunca se terminaría de leer. Sabiendo esto, ¿cómo se concibe que la resistencia a la reforma parta de los mismos gobiernos?
Los esfuerzos de los denominados Juristas Independientes han chocado con los ataques que vienen, sin el mayor disimulo, de parte del partido oficialista. La campaña dirigida a deslegitimar esa iniciativa ciudadana para un referendo que emprenda la reforma del sistema judicial evidencia la urgente necesidad de ejecutar tales cambios.
Desde el Procurador General hasta el Ministro de Justicia, pasando por asambleístas del MAS y dirigentes de organizaciones sociales afines a ese partido, uno a uno se han ido afanando en evitar que dicha iniciativa prospere. Ninguno se refiere a las cuatro preguntas propuestas para el referendo y aprobadas por el Tribunal Supremo Electoral hace más de cuatro meses.
El primer blanco de esa campaña son los autores de la iniciativa de reforma: el grupo de juristas independientes que planteó la idea de reformar la justicia mediante una consulta popular.
“Son políticos camuflados de juristas independientes”, dijo el Procurador, como si esa calidad —así fuera real— los invalidara para llevar adelante su iniciativa.
Otro recurso es la distorsión del propósito de la iniciativa y la desinformación de los efectos que tendrá al concretarse.
Para el ejecutivo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), se trata de un “golpe judicial” y “las preguntas que han planteado son atentatorias contra los pueblos indígenas”.
La COB resolvió en un ampliado “censurar esas propuestas” que, aseguran, “pretenden destruir nuestra democracia y desconocer la CPE”.
Pero estos criterios solo revelan el desconocimiento de lo que plantea la iniciativa ciudadana y de los derechos que franquea la Constitución Política del Estado a la ciudadanía.
La Carta Magna, en su artículo 411, instituye que “la reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20 por ciento del electorado”.
Y una de las cuatro preguntas de dicha propuesta se refiere, precisamente, a profundizar el ejercicio de la justicia indígena originaria, que es la que menos se entiende actualmente, como se ha demostrado con el deplorable caso del funcionario de la Alcaldía de Uncía atacado por haberle retirado la silla al expresidente Evo Morales.
El punto crucial de la iniciativa es el que apunta a la independencia de la justicia del poder político. Es decir, que el sistema de selección y calificación de los postulantes a los cargos jerárquicos de los más altos tribunales no dependa, como hasta ahora, del partido mayoritario en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Con ese cambio se reduciría la posibilidad del sometimiento de la justicia al poder político y las elecciones judiciales tendrían resultados que aseguren la legitimidad que hoy no tienen los magistrados electos, pues, en las dos ocasiones que tuvieron lugar esos comicios, en 2011 y 2017, cerca del 60 por ciento de los votos emitidos fueron nulos o blancos.
