El sistema de justicia en Bolivia se encuentra en una situación de crisis estructural prolongada, un problema irresuelto por décadas y que se profundizó durante la administración gubernamental del país en manos del Movimiento Al Socialismo (MAS), que, pese a que planteó mejorar la justicia y democratizarla a través del voto, utilizó este proceso para el manoseo y tener el control fáctico del Órgano Judicial, por lo que no se visibiliza el interés del poder político de llevar adelante una “reforma a la justicia”, por lo que objeta iniciativas que buscan la transformación a través de una consulta ciudadana.

“El Gobierno lo que ha hecho es relegar la reforma de justicia en su agenda y lo ha dejado como un tema secundario en el que va mandando algunas señales de pequeños ajustes, pero eludiendo asumir la reforma de justicia en su real dimensión”, sostuvo el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero, jurista que formó parte del grupo de notables a los que convocó el Gobierno, al inicio de su mandato, para encarar una reforma del sistema judicial.
 

Agregó que “el sistema está mal, está mal además porque no tenemos un Gobierno que quiera corregirlo, el Gobierno sigue manteniendo y protegiendo un sistema que le es servil para intereses políticos personales, ni siquiera otra cosa, son intereses políticos personales”.

“La situación de la administración de justicia es dramática si la analizamos desde la óptica de la corrupción, el retardo judicial, la intervención del poder político, entre otros, que son los grandes males de los que adolece el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional”, sostienen analistas.

Trabas a reforma judicial

El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca señala que al poder político no le interesa cambiar la justicia, que es servil, sometida, de abuso.

Refirió que, en medio de este proceso de reforma que se propone por iniciativa ciudadana y las elecciones judiciales programadas para octubre 2023, ambas no pueden “cohabitar o estar juntas”.

“Lo que pasa es lo siguiente: la reforma judicial y elecciones judiciales no pueden coexistir, es una o la otra, y el poder político no quiere obviamente que haya una reforma judicial”, sostiene.

Agrega que “si las elecciones judiciales se realizan antes del referendo, el sistema judicial se consolida y directamente vamos a tener que ver cuando sería una reforma judicial”.

“El poder político ya cerró filas en contra de alguna reforma judicial, que ésa es una realidad que hay que decirla, y obviamente los que están recolectando firmas están con el tiempo en contra. La reforma judicial a través de la recolección de firmas puede ser un fracaso si no se la realiza este año o si no llega a la cantidad de firmas en el tiempo previsto”, manifestó.

Sólo intentos

El gobernante Movimiento Al Socialismo, a través de las administraciones de Evo Morales y Luis Arce, ha insinuado reforma a la justicia mediante la convocatoria a “cumbres judiciales”.

Durante el gobierno de Morales se realizó, en diciembre de 2012, la “Primera Cumbre Judicial”, promovida por el Consejo de la Magistratura, oportunidad en que Cristina Mamani, presidenta de esa instancia, indicó que pese a las elecciones judiciales de 2011 “la justicia no sufrió cambio alguno y que está dañada”.

Entonces, el objetivo central era que, a través de los resultados del encuentro, “se construya una agenda para lo que restaba de su gestión, acciones a tomar y prioridades para que todos los bolivianos tengan un trato igualitario ante la justicia”.

¿Referendo?

En 2015, el entonces presidente Evo Morales, al asumir un nuevo mandato, ante la debilidad de la elección popular de magistrados y al cuestionar la eficiencia y honestidad de la administración de justicia, anunció “que promoverá un nuevo intento de reforma judicial, esta vez mediante un referendo que incluso defina una nueva modificación de la Constitución Política del Estado.

“Me voy a quejar al pueblo y el pueblo defina, mediante un referendo, una profunda revolución dentro de la Justicia boliviana. Si hay que hacer una reforma a la Constitución, hay que hacerlo mediante el referendo”, dijo en esa oportunidad, al referir que se convocaría a una cumbre.

Bajo este anuncio se preparó la “Cumbre Nacional de Justicia” para junio de 2016, oportunidad en que se determinó mantener las elecciones para elegir a las altas autoridades jurídicas, además de salir el planteamiento de cadena perpetua para casos de violación de niñas y niños seguida de muerte.

El anuncio de referendo para la reforma judicial no prosperó.

Gobierno de Arce

A la llegada de Luis Arce, tras el gobierno de transición de la presidenta Jeanine Áñez, el ministro de Justicia, Iván Lima, mencionó que se iba a invitar a un grupo de notables juristas para asesorar al Gobierno en la reforma judicial.

Bernardo Wayar Caballero, Eduardo Rodríguez Veltzé, Carlos Alberto Goitia, José Antonio Rivera, Ramiro Guevara, Jaime Álvarez Fortún, José Luis Gutiérrez Sardán, Soraya Santiago Salame y Rodolfo Sanjinéz Elizagoyen fueron los profesionales invitados a formar parte del equipo de notables.

Es así que el 3 de diciembre de 2020 se llevó adelante una primera reunión, oportunidad en que representantes del Ministerio de Justicia y los juristas tuvieron como debate la modificación de la elección de magistrados.

“La reforma de la justicia tiene que tener en cuenta tres áreas. La primera, ligada con el cambio de la modalidad de la selección de jueces. La segunda, con una revisión y ajuste de las leyes, hay muchas que no funcionan y otras que quedaron a medio camino en su implementación. La tercera es el desarrollo tecnológico: utilizar adecuadamente las tecnologías para que la justicia funcione mejor y para combatir la corrupción en el Poder Judicial”, señaló en ese entonces el exministro Goitia.

Con esa ansia de impulsar una reforma de fondo, el 11 de enero de 2021, el ministro anunció la realización de un referendo constitucional el 7 de marzo, anexado a las elecciones subnacionales, para que los bolivianos voten aceptando o rechazando una reforma constitucional que posibilite la reforma de la justicia.

Pero esa intención no logró el respaldo en el plano político, aunque sí dijo que recibió apoyo “militante” de sectores sociales, colegios de abogados y universidades. Pero eso no fue suficiente, la voluntad política pudo más.