Las reglas de juego que el MAS propuso para regular las elecciones judiciales de octubre son las mismas que se aplicaron en 2011 y 2017.Se permite el ‘pasanaku’ de magistrados y la selección de los candidatos está marcada por el criterio de mayoría de la Comisión Mixta de Constitución; es la fórmula para controlar el proceso.

“La Asamblea Legislativa Plurinacional es la responsable de ejecutar los procesos de preselección, la habilitación y evaluación de las y los postulantes a candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura a través de las comisiones mixtas respectivas”, establece, por ejemplo, el artículo 8 del reglamento, propuesto por el MAS y al que accedió EL DEBER.

La propuesta contiene 40 artículos y deja en manos de la Comisión al menos 13 atribuciones que van desde la recepción de los documentos de los postulantes, su habilitación y la aprobación de las listas que serán refrendadas en el pleno de la Asamblea Legislativa por dos tercios de los presentes. El MAS no cuenta con ese apoyo.

Pero este debate comenzó con el rechazo a la propuesta de ley que hizo la opositora Comunidad Ciudadana (CC) y que planteó la “descentralización” de la selección de candidatos. Carlos Mesa, el jefe de esta alianza, explicó que su proyecto está dentro de la legalidad para evitar que la selección de candidatos se haga bajo el criterio político que tiene la mayoría, en este caso el MAS. También plantea la necesidad de repetir la votación en caso del reporte de una mayoría de sufragios en blanco o nulos. En 2017, algo más del 60% de los electores votó en blanco o anuló la papeleta en rechazo al proceso electoral.

A ese proyecto de ley se sumó el que fue elaborado por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar. Además de pedir la “descentralización” de la selección de candidatos, este planteamiento deja en manos de las universidades la evaluación de los profesionales que aspiren a formar parte de las altas cortes del país.

“La oposición, hasta el momento, no ha presentado ninguna propuesta de reglamento; han presentado dos proyectos de ley, pero no se ha activado, como señala el (artículo) 158 de la Constitución. No han sido presentados a la presidencia de la Asamblea Legislativa; han sido presentados, en condición de proyectos de ley, a la presidencia de la Cámara de Diputados”, señaló el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, tras hacer notar esta observación “de forma”. De hecho, el legislador solicitó no hacer mayores comentarios sobre los detalles del reglamento que ahora está en la mesa.

“Aún no quiero ingresar al fondo del debate porque estamos en un proceso de socialización. No significa que el proyecto remitido haya concluido en su trámite. Estamos haciendo ajustes, pero debe quedar claro que no se va a limitar la participación de ningún boliviano si es que no existiese previamente en la norma o en la Constitución algún requisito que tuviera que cumplirse”, insistió.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa debe seleccionar a los candidatos que terciarán en los comicios en los que se elegirán 23 magistrados y tres consejeros, todos ellos con sus respectivos suplentes. En total, el país debe elegir a 52 altas autoridades y no se permite la figura de la reelección.

“La Constitución también dice que no podrán ser reelectos, pero no específica a otro órgano. Por ejemplo, el magistrado del Tribunal Constitucional no puede ser reelegido para ese mismo cargo, pero puede ir al Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea es la que debe afinar hasta el último detalle y esto puede ser sujeto de modificación”, explicó el diputado Israel Huaytari Martínez (MAS).

La senadora Silvia Salame (CC) también proyectó una ley para evitar que el criterio político de la mayoría controle la elección de magistrados. La iniciativa también fue rechazada porque el MAS demandó un reglamento y no una ley para regular este sensible proceso. Salame también cuestionó el llamado ‘pasanaku’ de magistrados porque “limitan el derecho a otros profesionales a competir”.

“Voy a hacer una investigación, pero lo que sí sé es que un 80% de los magistrados ya se está moviendo para eso. Incluso sé que están hablando con parlamentarios para impedir que se ponga restricciones a la posibilidad de reelegirse en otro tribunal”, dijo tras señalar que existen al menos cuatro casos visibles en las cortes.

Hace algunos días, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado dejó abierta la posibilidad para una nueva postulación. De concretarse, en su caso, sería la tercera vez que se postula a distintas sillas del Órgano Judicial.

“No hay ninguna norma que impida que uno pueda postularse en otro tribunal”, indicó Hurtado. En todo caso, dejó claro que su mandato concluirá a fin de año y que “en su momento” asumirá la decisión de postularse o no.

En 2011 fue elegido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por Beni y luego, en 2017, magistrado del Tribunal Constitucional.

“Estamos esperando ese debate político que se lleva a cabo en el seno de la Asamblea Legislativa y clarifique cuál será la situación al respecto. Por ahora, existe un compromiso de vocación de servicio para llevar adelante las tareas del Tribunal Constitucional”, dijo el presidente de esta institución Paul Franco. Anticipó que, en su gestión, se van a resolver la mayor cantidad de causas de la historia de ese alto tribunal.

Las elecciones para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional son de alcance departamental. Cada región elige a su representante de una lista de cuatro candidatos, según el Artículo 39 del reglamento que hizo el MAS y que ya comenzó a discutirse en la comisión.

Para el Tribunal Agroambiental, el Legislativo elaborará una lista de “hasta 12 candidatos” de los solo cinco serán propuestos, mientras que para el Consejo de la Magistratura se elegirán a tres de una lista de 10 postulantes.

En términos generales, el MAS plantea, como objeción, que ninguno de los postulantes pueda ser seleccionado si hubiese sido cesado de sus funciones en el Órgano Legislativo; exige una experiencia mínima de ocho años y una edad superior a los 35 años de edad.

Para el ministro de Justicia, Iván Lima, la reforma del sistema judicial “no se limita a la elección” de magistrados y, en ese marco, destacó otras acciones que se desarrolla, especialmente, en el rubro de Derechos Reales. Recordó que los tiempos son estrechos, pues el mandato de las actuales autoridades fenece en diciembre.

Pero para este proceso, el MAS no cuenta con dos tercios. Incluso, desde de la facción ‘evista’ advirtieron que apoyarán el reglamento que está siendo debatido.

“Esta vez, los diputados patriotas no vamos a dejar, vamos a evaluar en función de los intereses de la población boliviana. Han hecho llegar una propuesta sobre la reglamentación, vamos a ver si es viable. Si no condice con lo que está pidiendo la población que quiere magistrados idóneos y una justicia transparente, no vamos a apoyar”, afirmó el diputado evista Ramiro Venegas (MAS).

El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca señaló que “el Gobierno está en una carrera contra el tiempo” y en un escenario de “alta tensión” por las disputas internas del MAS que también se verá a la hora de la selección de candidatos “para mantener el control judicial”. “Recordemos lo que sucedió con la elección del Defensor del Pueblo y arcistas y evistas se van a olvidar de sus diferencias”, puntualizó Coca.

Anticipó que el MAS tiene la posibilidad de activar revocatorios para autoridades regionales que no son del partido de gobierno. “Es una carta bajo la manga”.

Desde CC, el diputado Carlos Alarcón afirmó que el MAS puede optar por una norma para autorizar los interinatos en la Justicia y mantener el control sobre ella.