Un tercer delito, manipulación informática, lo acecha. Luego de haberse publicado el polémico decreto en la Gaceta Departamental, presuntamente ordenó “bajar” la publicación electrónica.

Por dos delitos, el líder de Creemos está ahora imputado en otro caso, que los medios comenzaron a llamar Decretazo.

El 12 de marzo de 2022, Camacho viajó a Brasil para participar de un encuentro de gobernadores de la región, pero tres días antes, el 9, firmó el decreto en cuestión que le quitaba atribuciones al vicegobernador Mario Aguilera.

Mediante ese decreto delegó sus funciones a su secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro. El artículo 1 de la norma retirada delegaba cinco tareas específicas al funcionario y el 4, su publicación en la gaceta electrónica.

El parágrafo I del artículo 25 del Estatuto Autonómico Departamental establece que, ante la “ausencia temporal” del gobernador, asume la “suplencia gubernamental” el vicegobernador.

Los considerandos del Decreto 373 no consignaban ese acápite.

Dos días después del viaje de Camacho, ante la develación del decreto y el nombramiento de Navarro, Aguilera fue notificado de la suplencia. Para entonces, la norma ya había sido publicada en la Gaceta Departamental.

“Conocimos el decreto a través de la Gaceta, pero ahora ya no está y hoy (14 de marzo) vamos a pedir que se nos aclare quiénes son los responsables. Este decreto estuvo en la Gaceta”, dijo entonces el vicegobernador.

También admitió que había problemas de comunicación con el gobernador Camacho.

Tres días después, el entonces secretario de Justicia de la Gobernación, Efraín Suárez, admitió en rueda de prensa que el decreto fue publicado en la Gaceta Oficial por un “error”. “El proyecto de decreto fue publicado por un breve tiempo debido a un error involuntario del personal de la Dirección de Desarrollo Autonómico y Normativo”, aseguró a los periodistas.

Ante eso, asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunciaron la irregularidad y presentaron una denuncia ante la Fiscalía, que de inmediato emitió citaciones para que funcionarios de la Gobernación declaren.

Incluso, la Policía colaboró con el allanamiento de varias oficinas.

La reacción de funcionarios de la Gobernación apuntó al MAS. “Nosotros reconocimos el error, lo subsanamos de manera inmediata y aun así el masismo insiste en una arremetida contra la Gobernación de Santa Cruz”, aseguró Alejandra Serrate, entonces asesora de Gestión.

Cuando Camacho retornó días después de Brasil, aseguró que “la desinformación del MAS” generó “situaciones erradas”.

Explicó que, durante su ausencia, Aguilera cumpliría una agenda intensa en provincias, por eso pensó que Navarro pueda desarrollar “aquellas pequeñas grandes labores que realiza el gobernador, transfiriéndole algunas de las competencias que yo tenía, lo que no significa que el vicegobernador se quede sin esas competencias, eso es falso”.

En su defensa, dijo que había decidido dejar sin efecto ese decreto para que los secretarios vayan a las provincias a cumplir sus agendas y Aguilera, como gobernador suplente, pueda realizar su propia agenda.

“Las competencias que hemos dirigido al secretario no son ni el 10% de lo que el exgobernador (Rubén Costas) daba”, justificó.

El Decreto 373 contaba con cuatro artículos y delegaba a Navarro, entre otras disposiciones, la atención y respuesta a las solicitudes de los ciudadanos e instituciones públicas y privadas.

NORMA.

Además, representar al gobernador en todo acto protocolar, responder peticiones de informes de la Asamblea Legislativa Departamental, suscribir acuerdos o convenios intergubernativos, y observar proyectos de leyes nacionales o departamentales.

Para el asambleísta Dilfe Rentería (MAS), Camacho no cometió un “error administrativo” con el Decreto 373, sino un delito.

“No son errores, sino delitos, por eso la Fiscalía ha imputado a Camacho y ha pedido su detención preventiva por 180 días en Palmasola”, dijo a LA RAZÓN Radio.

Se trata de un segundo proceso contra Camacho, ahora recluido en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, por su presunta vinculación en terrorismo en el caso Golpe de Estado I, relativo a los hechos precedentes a la caída de Evo Morales en 2019.

No se siguió el procedimiento

El abogado constitucionalista Israel Quino explicó que el Decreto 373 tuvo vigencia desde que fue publicado en la Gaceta Departamental y que, para que quede sin efecto, Luis Fernando Camacho tenía que haber promulgado otro decreto de abrogatoria o derogatoria.

“Por lo tanto, se trata de un hecho consumado, de una acción dolosa; por eso es que fue imputado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, cuya sanción es hasta 10 años de cárcel, explicó a LA RAZÓN.

Indicó que no tenía por qué haber delegado funciones a un secretario, sino cumplir el artículo 25 del Estatuto referido a la suplencia.

Para Martín Camacho, abogado defensor de Camacho, la imputación por dos delitos en contra de su cliente es “jalada de los pelos” porque —en su explicación— la fase preliminar de ese proceso no debía durar más de 80 días.

Afirmó que la imputación y el pedido de detención preventiva “no tienen argumento”.