Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 08 de marzo de 2023
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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El vocero de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía cruceña, Bernardo Montenegro, presentó ayer (martes 7 de marzo) una querella penal ante el Ministerio Público contra los concejales de Comunidad Autonómica (C-A), Juan Carlos Medrano y José Alberti, por los supuestos delitos de difamación y calumnias.
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Esta querella llega luego de que los concejales opositores hicieran pública la denuncia que presentaron seis funcionarios municipales contra el director, el vocero, y la asesora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Erwin Tapia, Bernardo Montenegro y Luz Jaqueline Zabala, respectivamente, por cobros irregulares, acoso y maltrato laboral.
Según esta denuncia, los altos mandos de esta repartición del municipio cobraban Bs 150 mensuales a cada trabajador por “ordenes de arriba”. Además, señala que, cuando empezaron a reclamar por este cobro, sufrieron amenazas y amedrentamientos por parte de Tapia y Montenegro, e incluso tres de ellos fueron despedidos.
“Afirman que mi persona sería cabecilla de una red de cobros irregulares, esto no se lo va a permitir. Semejantes declaraciones tendrán que probarlas”, expresó Montenegro, en entrevista con el programa televisivo Detrás de la Verdad.
El vocero considera que la denuncia contra su persona y sus colegas sería una “cortina de humo” que estarían usando los concejales de C-A por “desesperación” debido al proceso que se investiga por supuestos cobros irregulares en esa bancada y por la que su jefe de prensa, José Antonio Mendoza, se encuentra en Palmasola con detención preventiva.
“Solo es una cortina de humo. Se ha aprovechado de utilizar a gente que se estaba retirando por mal desempeño en el municipio para llevar adelante una vendetta por las denuncias que sí tienen asidero, que son las que se están investigando contra el señor (Juan Carlos) Medrano, Gary Áñez y donde hay una persona en la cárcel”, sostuvo Montenegro.
Eso sí, reconoció que se pedían aportes dentro de su repartición, pero afirmó que eran “voluntarios” y que la Ley de partidos políticos lo permite. Remarcó que, entre los videos que presentaron los concejales opositores, se escucha a una de las supuestas víctimas decir que ella nunca hizo estos aportes, pese a que llevaba trabajando hace más de un año en la comuna cruceña.
“Van a tener que afrontar un proceso con pruebas porque aquí no es hablar de memoria y tratar de echar lodo sin tener las evidencias, uno puede hablar muchas cosas, pero es mostrando pruebas”, añadió Montenegro.
