El 57% de los consultados en la encuesta realizada por Mercados y Muestras para Página Siete consideran que el trámite de  juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa es un “pretexto” que emplea el Gobierno para inhabilitarlo para  las elecciones del 2019. 

“¿Cree que la demanda contra Carlos Mesa por el caso Quiborax es un pretexto para inhabilitarlo como candidato presidencia?” fue la pregunta que se planteó a los encuestados.  El 57%  cree que “Sí”; un 27% no supo responder la pregunta; y el restante 16% afirmó que “No”.

La encuesta se realizó la tercera semana de julio  y el jueves pasado   el Vicepresidente del Estado y Presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, informó que en esta legislatura no se tratará el pedido de juicio de responsabilidades contra Mesa,   que fue solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia por el caso Quiborax. 

Explicó que se debe a una “sencilla razón (…):  tenemos acumulados un conjunto de pedidos de autorización de juicios de responsabilidad, si no me equivoco más de 13, y el pedido de autorización para un juicio de responsabilidad para Carlos Mesa tendría que ir como corresponde, al final”.

El analista político Franklin Pareja considera que “está percepción refuerza en el imaginario popular que pese a que Mesa dijo que no será candidato, la población sí lo ve como tal y asocia el tema jurídico a una jugada política”. 

En cambio, el analista Jorge Dulon ve  dos escenarios. El primero es que considera que “efectivamente” hay un intento de poder polarizar el voto. “Las declaraciones con relación a que Carlos Mesa deba ser procesado implica que él pueda animarse a participar como candidato (...).  Si se siente amenazado por los ataques del oficialismo  pueda decidirse a entrar a las elecciones y habrá  sólo dos candidatos: Carlos Mesa,  que aglutinaría a los partidos de la oposición,  y por el oficialismo Evo Morales”, afirmó. 

En tal sentido, esta estrategia busca que “la gente se olvide de los resultados del 21F”,  que negaron  la posibilidad al presidente Morales de participar en  las elecciones de 2019. “Si hay dos candidatos, las personas se olvidarán que el candidato por el oficialismo es ilegal por los resultados del referendo del 2016”, explicó.

Un segundo escenario presentado por Dulon es que el oficialismo está   tratando de conseguir que Mesa salga del escenario político, “porque vio en las encuestas que Mesa es definitivamente una amenaza latente y es el único candidato que puede ganar a Evo Morales en la primera vuelta”.

“Eso implica que se le inicie un proceso judicial, con todos los pasos para un juicio de responsabilidades, y se aceleren de tal forma que Mesa no pueda llegar a octubre de 2019 (límite para presentar su candidatura ante el TSE) a ser candidato”, añadió.

Demanda de Carlos Mesa

Mercados y Muestras también   consultó a la población si “¿cree que Carlos Mesa hizo lo correcto en iniciarles un juicio?” a las cuatro autoridades y exautoridades  por el proceso contra la empresa Quiborax. Un 49% de los consultados dijo que “Sí” hizo lo correcto. 

Al respecto, Pareja dijo que “una parte importante de la población supone que el resultado de la demanda de Quiborax es una corresponsabilidad evidente del Gobierno y las autoridades afines al caso. Esto es más una percepción de desconfianza que de conocimiento mismo del caso, lo que va relacionado a juicio de valor de escasa credibilidad del Gobierno”. 

Para Dulon, casi la mitad de los consultados apoyan la demanda de Mesa porque se dan cuenta que “no se llevó adecuadamente el proceso de defensa al Estado boliviano por el caso Quiborax”. El analista agregó que “si bien pudo haber una posibilidad de error cometido por el gobierno de Mesa y subsanado por el de Rodríguez Veltzé; la defensa del Estado a cargo de la Procuraduría (del actual Gobierno) no fue la más acertada”. 

El expresidente Mesa afirmó que los ministros de Justicia, Héctor Arce; de Minería, César Navarro;  el procurador, Pablo Menacho, y la exministra de Defensa Legal del Estado  Elizabeth Arismendi  son “los responsables”  de la pérdida de los 42,6 millones de dólares que el Estado  pagó a   Quiborax.