Medio: El Deber
Fecha de la publicación: martes 07 de marzo de 2023
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
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El expresidente Carlos Mesa planteó ayer (lunes) un proyecto de ley para evitar que la selección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial “se haga bajo el criterio político y en favor de los intereses del MAS”. La propuesta prevé, entre otros aspectos, que cada departamento proponga sus candidatos a la Asamblea Legislativa.
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Carlos Mesa, líder de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), precisó que se trata de una “ley de garantías” que contempla la repetición de la selección en caso de que los candidatos no tengan un porcentaje mayor a los votos blancos y nulos. En los comicios judiciales de 2017, cerca del 60% de los electores optó por anular o pifiar el voto para expresar su desconfianza en el proceso que, en cambio, fue apoyado por el MAS.
Mesa explicó que la propuesta no vulnera la prerrogativa que, actualmente, confiere la Constitución Política a los legisladores de seleccionar a los candidatos a las 23 magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental, además de los tres consejeros para el Consejo de la Magistratura.
“La Asamblea es la que define la descentralización de la elección de candidatos a juristas a través de nueve jurados departamentales de mérito. Cada departamento del país tendrá la responsabilidad de hacer la preselección y establecer la calificación de méritos. En Oruro a los orureños; en Santa Cruz a los cruceños en La Paz a los paceños y así sucesivamente”, puntualizó.
Mesa remarcó que su partido fijó una postura respecto a las elecciones judiciales que se proyectan a partir de un reglamento que el MAS presentó la pasada semana y que no modifica las reglas de juego aplicadas en 2011 y 2017, cuando se hicieron las dos primeras elecciones judiciales del país.
“Comunidad Ciudadana garantiza que no le va a dar al MAS los dos tercios que pretende para legitimar una elección que ya se anuncia como espuria y carente de sustento jurídico”, aseguró en relación al reglamento. “Queremos dejar claro el país se juega su futuro democrático en el próximo proceso electoral judicial”, dijo.
Tambin afirmó que su propuesta es útil ante la posibilidad que la iniciativa ciudadana, impulsada por el grupo de juristas independientes, no logre ajustar la Constitución antes del mes de octubre, cuando se deben realizar la elección de magistrados.
El proyecto de CC refrenda un plan inicial que proyectó la senadora Silvia Salame de esa misma tienda política. La legisladora planteó, tal como lo hizo Mesa ayer, eliminar “el pasanaku” de magistrados. Si bien la Constitución no permite “la reelección” en el mismo alto cargo, Salame detectó al menos seis casos en los que hubo una repostulación, por ejemplo, de un magistrado del Tribunal de Justicia para ser parte del Tribunal Constitucional.
Salame también tentía previsto tomar recaudos en favor de los postulantes para que sus nombres no sean usados para efectos de campaña. “Hay decenas de buenos profesionales que no se presentan para que sus nombres no se ventilen de manera inapropiada y es por eso que ellos no se presentan a las elecciones”, dijo.
La propuesta de ley de Salame fue rechazada porque el MAS, que tiene la mayoría de la Asamblea Legislativa, consideró que la selección de candidatos se aplica a través de un reglamento y no una ley, según explicó a El DEBER.
Entre tanto, a los juristas independientes “les faltan manos” para atender la demanda de miles de ciudadanos que quieren firmar los libros y así adherirse a la reforma judicial a través de un referéndum constitucional. Según sus proyecciones, hasta antes del 23 de abril habrán recolectado las 1,5 millones de adhesiones que se requiere para estas circunstancias.
Vencido este plazo, las cuatro preguntas que prevé el proyecto deben pasar por el TCP y, de este modo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) podrá convocar a la gran consulta ciudadana. La abogada Audalia Zurita, afirmó que el referéndum debe realizarse en agosto y advirtió con una movilización ciudadana a Sucre, la sede del TCO, para que refrende las preguntas de la reforma judicial.
El diputado Froilán Mamani (MAS) señaló que la convocatoria para que se presenten los aspirantes a candidatos y el mismo proceso de selección se debatirá en la Comisión de Constitución, al igual que la propuesta del CC. “Eso se tiene que socializar entre los diputados y senadores, pero también con las organizaciones sociales”, afirmó Mamani.
Plazos
El TCP tiene un plazo de 40 días para tratar las consultas de constitucionalidad, pero esto sin contar el tiempo que se toma la Comisión de Admisión que aliza la pertinencia de los casos que llegan allí.
Proceso
El MAS debe aprobar el reglamento de la elección judicial hasta fines de este mes y para ello se requieren de dos tercios.
