Medio: El Deber
Fecha de la publicación: martes 07 de marzo de 2023
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, presentó un proyecto de ley para que la preselección de candidatos “esté fuera del alcance de los intereses políticos”, especialmente del MAS que controla la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Contenido
“Los políticos le han hecho mucho daño a la justicia y esta justicia le hace daño a la democracia. Son los políticos quienes en varios casos ni siquiera son políticos. Esta valoración debe ser realizada desde el ámbito académico en cada una de las regiones”, afirmó el rector.
Cuéllar consideró que, por el ejercicio de tantos años en el poder, “la justicia actual es favorable a los intereses del MAS”. Consideró que los méritos académicos deben estar antes que criterios políticos y aseguró que su propuesta no vulnera los principios constitucionales.
En octubre próximo, se deben realizar las elecciones de 23 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental, además de tres consejeros del Consejo de la Magistratura. La preselección de candidatos se hace en la Asamblea Legislativa.
El MAS presentó un proyecto de reglamento para recibir las postulaciones y seleccionar a los candidatos a las altas cortes tal como lo hizo en 2011 y 2017, cuando su fuerza en el Legislativa superaba los dos tercios de apoyo.
Hace seis años, en los comicios judiciales hubo el 60% de votos nulos y blancos, lo que reflejó la desconfianza ciudadana frente a este procedimiento de elección de magistrados.
La propuesta de la Uagrm señala que, en la actualidad “los ciudadanos no eligen y solo votan para aprobar una decisión política tomada por la Asamblea Legislativa”, por eso “es necesario que, antes de la preselección de postulantes, haya una evaluación académica de postulantes”.
Esta evaluación, señala la propuesta, debe ser desarrollada por parte dela la sociedad académica y civil “al margen de la contaminación política y fuera de la asamblea legislativa”.
El senador Rubén Gutiérrez (MAS) aseguró que la Constitución confiere a los legisladores nacionales una potestad que no puede ser delegada para realizar la preselección de candidatos.
En los comicios de 2017, el Legislativo propuso hasta cuatro candidatos para que cada departamento elija a sus representantes en las altas cortes del Órgano Judicial. También prohibió la participación de militantes de partidos.
“Muchos postulantes, y eso se ha demostrado, parten con ventaja porque si bien no son militantes políticos, son asesores en el Gobierno y son los que son elegidos con la idea de retribuir a sus padrinos”, afirmo Cuéllar.
La propuesta exige que la evaluación académica sea un requisito para que los legisladores ejerzan esa tuición irrenunciable de seleccionar a los candidatos. Cuéllar señaló que la comisión debe estar formada por representantes de las universidades privadas y públicas de cada región.
En esta instancia, señala la propuesta, también debería haber un representante de los colegios de abogados, de los pueblos indígenas y campesinas, además de los periodistas. “Como veedore podrá participar la Iglesia Católica y cualquier senador o diputado”, precisó.
“Los actuales magistrados y ex magistrados que ocuparon cargos de magistrados, desde la primera elección el año 2011, No serán admitidos como postulantes a los mismos cargos y a otros cargos de magistrados distinto al que ocuparon como magistrados. Se prohíbe la rotación de postulaciones, ocupar distintos cargos de magistrados”, remarcó. “De este modo ya no habrá pasanaku de magistrados”, apuntó.
El lunes, el líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, planteó un proyecto de ley similar en el que se prevé la “descentralización” de selección de los candidatos a magistrados y consejeros.
Estas iniciativas surgen en un momento en el que el grupo de juristas independientes recolecta firmas para que esta selección de candidatos al Órgano Judicial esté fuera del alcance de los intereses políticos. Esta iniciativa incluye un ajuste en la Constitución a través de un referéndum que debería realizarse en agosto, antes de los comicios de octubre. Los tiempos son apretados.
