“No vamos a caer en el chantaje, el señor Camacho tiene que explicar a la Justicia, no a nosotros como gobierno, su papel en el golpe de Estado de 2019”, insistió en una entrevista con Telesur, donde también consideró que el excívico debe dar explicaciones sobre la quema de instituciones públicas en Santa Cruz, tras su detención.

La dirigencia cívica cruceña hizo aprobar en un cabildo, en la gestión del excívico Rómulo Calvo, llevar a Arce a un revocatorio en caso de que no de curso a una ley de amnistía en beneficio de Camacho y otros procesados por la crisis de 2019 y las masacres de Sacaba y Senkata.

Desde el 30 de diciembre de 2022, el gobernador cruceño está recluido en la cárcel de Chonchocoro, en el municipio de Viacha de La Paz, por el caso golpe de Estado I. Luego que fuera detenido, grupos violentos vinculados a los cívicos y a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) saquearon y quemaron instituciones públicas como de la Fiscalía, del Banco Unión y de Impuestos.

“Nosotros no vamos a interferir en el trabajo de la Justicia”, aseguró el Jefe de Estado y reiteró que su Gobierno está dispuesto a ir a un revocatorio de prosperar la iniciativa de los cívicos cruceños.

Sin embargo, desde la misma base de la oposición política nacional y cruceña se descartó que prospere el revocatorio. Por ejemplo, los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) Edwin Rojas y Carlos Alarcón consideraron, por separado, como un “exabrupto” y un “error político garrafal”, respectivamente, la propuesta de los cívicos.

Arce consideró que este proceso sobre la crisis de 2019 debe acelerarse, para dar justicia a las víctimas y sus familiares.

“Aquí ha habido la muerte de más de 36 bolivianos muertos y heridos, alguien tiene que responsabilizarse de todos esos hechos porque eso no ha sucedido por obra y gracia”, afirmó.