"Desde la vigencia de la actual Constitución, las dos elecciones judiciales que se llevaron a cabo en 2011 y 2017, fueron un fracaso para la institucionalidad democrática del país y las expectativas ciudadanas. En lugar de constituir la base para construir un sistema de justicia realmente independiente y de alta eficiencia y calidad, dieron como resultado un sistema de justicia, alejado de las necesidades e intereses vitales de los ciudadanos y plagado de contaminación y subordinación política" se lee en los antecedentes del proyecto de ley "de garantías para las elecciones judiciales 2023".

Para Comunidad Ciudadana, la forma de elección de las altas autoridades de justicia fue el instrumento de "poder autoritario" para la destrucción del Estado de Derecho y el "socavamiento de los cimientos de la democracia".

Los defectos estructurales en los procesos de elección mediante voto popular de las autoridades judiciales, según el documento, se presentaron porque la calificación de las trayectorias y méritos de los postulantes como paso previo para la habilitación de sus candidaturas al electorado, estuvo "monopolizada y manipulada" por intereses políticos del oficialismo dentro de la Asamblea Legislativa.

Además, en la fase del sufragio universal, el soberano se expresó con votos blancos o nulos como una protesta por la imposición de candidaturas desde arriba y no, así como una forma competitiva desde abajo.

"La consecuencia fue que los elegidos respondían a los intereses políticos que los apadrinaron desde el gobierno nacional, a través de la Asamblea Legislativa, y no una verdadera necesidad de una administración independiente y recta de la justicia" señala otra parte del proyecto.

Ante esta situación plantea que en las elecciones judiciales que podrían realizarse en octubre de este año, no se deben repetir vicios históricos en la construcción del sistema judicial.

"A partir del primer gobierno de Evo Morales hasta la elección judicial de 2017, el predominio absoluto de un solo partido, el MAS que controló los 2/3 necesarios para la preselección de postulantes, condicionó a los precandidatos que, para poder acceder a una candidatura judicial y al voto ciudadano, debieron someterse a las condiciones de militancia y subordinación al órgano Ejecutivo, y aún peor, a la decisión discrecional de un gobernante, lo que agravó el vicio de origen del sistema anterior" se lee en la propuesta que fue presentada ayer en rueda de prensa por el líder de la alianza, Carlos Mesa.

Para evitar dichos defectos, CC plantea: que en la fase de preselección de los postulantes, la calificación de requisitos, antecedentes, trayectorias y méritos esté a cargo de instituciones independientes de la sociedad civil que apoyen a la Asamblea en la realización de esta labor, que el Legislativo respete la preselección realizada por las entidades independientes y que los votos blancos o nulos computados por cada órgano judicial, en comparación con los votos válidos, tengan una "influencia decisiva" sobre los resultados de la elección.

Los órganos de apoyo a la Asamblea Legislativa Plurinacional a nivel departamental estarían constituidos por universidades públicas, colegios departamentales de abogados, colegios departamentales de auditores, gobiernos autónomos departamentales, el grupo de Juristas Independientes que promueven la reforma constitucional, organizaciones indígena originario campesinas y las asociaciones departamentales de periodistas, éstas designarían a sus representantes que conformarían los "tribunales de mérito" en los nueve departamentos.

Mesa advirtió que la comisión legislativa que preseleccionará a los postulantes a altas autoridades del órgano Judicial está controlada por el MAS por lo que no existe garantía de una elección independiente.

"Nosotros tenemos un poder importante de defensa del voto del ciudadano que es el poder de no permitir que los dos tercios lleven adelante una elección espuria, este proyecto de ley es una propuesta de solución a ese empantanamiento, podrá o no ser aceptado por el MAS pero lo que nosotros tenemos es el control de los dos tercios en el momento de la preselección porque la preselección tiene que ser aprobado por el plenario de la Asamblea en el que Comunidad Ciudadana puede o no habilitar los dos tercios, ese es el arma legítima, democrática y el arma de garantía, de la seguridad de contar con nuestro bloqueo en el caso de que esa elección mantenga la línea de ser una elección espuria y completamente ilegítima", advirtió Mesa.