“¡El Alto de pie, nunca de rodillas!”, es un estribillo que refleja el carácter irreverente y combativo de los habitantes de este municipio, que desde 2003 no dejó de influir en el curso de la historia reciente desde su pensar y ser “antineoliberal”. Lideraron la defensa de los recursos naturales en 2003 y de la democracia en 2019, con un alto costo en vidas humanas.

Ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se compone, mayoritariamente, de migrantes del área rural. Tiene un nivel de organización y movilización que se manifiesta en todo su poder a la hora de exigir la atención a sus demandas o, como ocurrió en 2003 y 2019, cuando se trata de defender los intereses nacionales.

Con una población que se acerca a los 1,5 millones, se constituye en una de las ciudades más pobladas. Es vecina de La Paz, Sede de Gobierno, y desde 2003 juega un rol central en la política boliviana, desde el accionar de sus robustecidas organizaciones sociales, principalmente.

El propio presidente Luis Arce destacó esta característica de los habitantes de una de las ciudades más jóvenes de Bolivia, en sus 38 años de vida.

“Yo me acuerdo en 2003, en la famosa Guerra del Gas, aquí se puso la Agenda de Octubre, fueron ustedes, hermanos y hermanas, con esa lucha que pusieron la Agenda de Octubre que poco a poco se fue haciendo realidad con la nacionalización de los hidrocarburos, la Asamblea Constituyente y muchas cosas que nacieron de esa guerra de octubre de 2003 que nosotros siempre la tenemos en la memoria”, destacó.

El analista Emilio Rodas aseguró que El Alto es “consecuencia del modelo neoliberal”, porque su población proviene de las minas y del campo como efecto de las políticas de ajuste estructural traducidas en la relocalización minera y el libre mercado.

“Nunca se rendieron ante el modelo neoliberal y dieron su última batalla (en 2003), cuando se debía exportar gas a México por Chile”, aseguró y consideró que “en El Alto no se creen que ‘Bolivia se nos muere’ por culpa del pueblo, sino por culpa de sus gobernantes y élite”.

La crisis de 2003 cobró la vida de 67 personas y dejó más de 400 heridos de bala. El conflicto tuvo como escenario central a El Alto, donde miles de alteños bloquearon diferentes calles y avenidas en rechazo a la exportación de gas por puertos chilenos, generando desabastecimiento de productos como carburantes.

La intervención militar para facilitar el envío de carburantes de la planta de Senkata a La Paz, en lo que se llamó “el convoy de la muerte”, que acabó con varios muertos. Los videos aún circulan en redes sociales y muestran los disparos de ametralladora contra la población civil desarmada.

El gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada fue rebasado por la presión social. Huyó a Estados Unidos y dejó su carta de renuncia, que viabilizó que su vicepresidente, Carlos Mesa, asuma el poder. No duró mucho y también dimitió, por la presión social que le reclamaba nacionalizar los hidrocarburos.

Los presidentes de Diputados y Senadores, en línea de sucesión, renunciaron a su derecho y asumió el poder Eduardo Rodríguez, presidente de la entonces Corte Suprema de Justicia. Convocó a elecciones y ganó el expresidente Evo Morales.

Desde entonces, El Alto y los alteños juegan un rol protagónico en la historia, fueron, con sus luchas, los que propiciaron el final de los pactos políticos y dieron nacimiento al Estado Plurinacional, tras la promulgación y vigencia de la Constitución redactada en la Asamblea Constituyente.

La Central Obrera Regional (COR), los gremiales y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto están entre las organizaciones sociales que participaron activamente en los momentos históricos que representaron un punto de inflexión política, social y económica.

Para el vicepresidente David Choquehuanca “desde aquí (El Alto) se ha proyectado para expulsar a los neoliberales, a los gobiernos 'vendepatria', a los gobiernos que estaban entregando nuestras empresas estratégicas a los extranjeros”.

La crisis de 2019 no fue la excepción en la demostración alteña de estar al lado de la democracia. Vecinos de El Alto se organizaron y bloquearon en rechazo a la toma del poder por parte de Jeanine Áñez, como resultado de un acuerdo político-cívico extralegislativo.

En Senkata se cercó la planta de hidrocarburos y se impidió el abastecimiento de carburantes, como ocurrió en 2003.Áñez aprobó el llamado “decreto de la muerte”, que eximía de responsabilidad penal a militares que participen de operativos para “restablecer el orden”, y se activó un operativo policial-militar.

El saldo fue más de 10 muertos y decenas de heridos por impactos de bala. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instancia externa que indagó la crisis de 2019, calificó de masacre lo ocurrido el 19 de noviembre de 2019, a 7 días de que asumiera el poder Áñez.

Las elecciones debían ser a principios de 2020, pero el gobierno de facto lo retrasó. Nuevamente la movilización alteña, en coordinación con otros sectores sociales, obligó a la convocatoria de las justas que ganó el presidente Luis Arce con más del 55% de preferencia electoral.

Rodas consideró que lo ocurrido en 2019 en El Alto mostró que lo plurinacional “no era simbólico o una teoría, es un hecho que lo refleja El Alto”; sin embargo, afirmó que esta ciudad continuará jugando un rol preponderante en lo político y también en lo económico.

“¡El Alto de pie, nunca de rodillas!”, es el estribillo que identifica a los alteños en su carácter irreverente y combativo.