El país libró una dura batalla en su historia para resolver la larga secuela dictatorial y autoritaria que se expresaba no solamente en la sucesión de gobiernos militares de los años sesenta y setenta del siglo pasado, sino que –con contadas excepciones– fue una constante que parecía intrínseca a su propia tradición indígena y colonial, expresada muchas veces en la idea de que sólo gobiernos y gobernantes “fuertes” podían domeñar a una sociedad “levantisca” y “poco educada”.

Las ideas del liberalismo político de los padres fundadores se mezclaron entre convicciones genuinas y un formalismo de superficie que quiso ocultar proyectos de control por parte de las élites. Largos periodos de una democracia basada en la exclusión de los más frecuentes interregnos de gobiernos que accedieron al poder por la vía de la asonada y el golpe de Estado, cambios estructurales que devinieron en dictaduras de partido, generaron una cultura del poder anclada en la discrecionalidad y en la supresión de leyes universales para sustituirlas por leyes a la medida de los poderosos.

Este contexto no parecía tierra fértil para la construcción de una sociedad, libre, abierta y plural, pero el aire de los tiempos en la región y la construcción de una voluntad colectiva de recuperar de modo claro y definitivo la libertad, llevó al pueblo boliviano, tras una ruta escarpada y sangrienta, a la conquista de la democracia el 10 de octubre de 1982.

Si algo ha logrado el actual régimen es que esa fecha crezca día a día y ocupe el lugar que en justicia le corresponde en nuestra historia. Ese 10 de octubre es el gozne que establece un antes y un después en la conciencia nacional sobre el modelo de vida en común que hemos elegido. El periodo 1982-2006 ha sido, gracias al discurso oficial, execrado hasta límites insospechados, retórica en la que se ha mezclado todo, especialmente el valor central de la democracia entendida después de 157 años como lo que realmente debe ser, una forma de vida, un sistema de gobierno, una estructura jurídica basada en instituciones y en el respeto al estado de derecho. Con intención se hizo una sinonimia entre gobiernos y partidos de la época con esa visión de democracia. Poco a poco esa mirada ha ido cambiando y de las brumas emerge una revisión de los méritos, no sólo de los errores de quienes lideraron ese proceso, en un esfuerzo por colocar los cimientos de los principios que hicieran posible una democracia de ciudadanos.

Trece años después, la promesa de un país nuevo, democrático y más justo se desvanece. Los aportes del gobierno de Morales, importantes sin duda, se enlodan cada vez más por las acciones autoritarias en su obsesiva búsqueda de la hegemonía de partido y el poder total. La institucionalidad del MAS que parecía reflejarse en la Constitución de 2009, se transforma día que pasa en un incordio para sus propios gestores. No se gobierna obedeciendo al pueblo, sino a los deseos de quienes bajo la sombra de un Presidente todopoderoso se han apropiado de instituciones y recursos que debían ser de todos.

En este contexto no cabe ya el absurdo cuestionamiento a la “democracia burguesa” y a la mirada “conservadora” de los liberales. Nadie que crea en la libertad y los derechos ciudadanos, puede seguir con la retahíla trasnochada que a título de “revolución” imponga con un mínimo de credibilidad una “verdadera democracia popular”. La democracia participativa, sin duda un valor añadido a la democracia representativa, fue consagrada en nuestra Reforma Constitucional de 2004 que incorporó la Asamblea Constituyente, la iniciativa legislativa ciudadana y el Referendo (el primero de la historia, el de la recuperación de los hidrocarburos realizado el 18 de julio de 204) y ha sido seguida por la actual CPE. Estos aportes entregaron mayor protagonismo al pueblo que ejerció su soberanía de modo más directo y efectivo.

El 21F se inscribe en esa lógica y ha marcado dos cosas: la primera, la reafirmación del principio fundamental de la limitación del poder, la alternabilidad en el mando y la renovación de liderazgos. La segunda, la prueba del espíritu no democrático de quienes alguna vez hablaron de una “revolución democrática y cultural”. La defensa del 21F es la continuación de la heroica lucha del pueblo que construyó la democracia real a partir del 10 de octubre de 1982, y la reivindicación medular del respeto a los valores que ésta representa y que el Gobierno quiere burlar.