Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: sábado 04 de marzo de 2023
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
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“La preselección de postulantes es una fase altísimamente delicada por el peligro que tiene de que se politice a los intereses del partido en Gobierno, por eso proponemos una ley para que esa tarea se traslade a las asambleas legislativas departamentales, que además está dentro de los márgenes constitucionales, para que esas instancias califiquen a los postulantes”, explicó el diputado de Creemos, Erwin Bazán.
Hasta fin de mes, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberá tener listo el reglamento para las elecciones judiciales de octubre y el MAS presentó su propuesta el jueves, plan que según la oposición fue hecho “a la medida del Gobierno”.
Bazán detalló que la propuesta de esa alianza emergió de los cabildos cívicos nacionales. “Como parlamentarios nacionales vamos a defender este planteamiento de ley, que si bien aún no tiene número, pero ya entró a la Comisión de Constitución”, complementó.
En la misma alianza de Creemos, el diputado Fernando Ayala anunció un segundo proyecto. “Presentaremos una propuesta para que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) participe como veedora del proceso de selección junto a otras instituciones internacionales y así tengamos un proceso de preselección transparente y una justicia imparcial”, indicó. No confirmó cuándo lo presentarán.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la ALP, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores, anticipó el miércoles que en la elaboración final de la reglamentación participarán universidades y colegios de abogados, aunque en la oposición hay dudas, porque el proyecto del MAS incluye como veedores a las organizaciones sociales. “Que responden al partido de Gobierno”, precisó la abogada Audalia Zurita, del grupo de juristas independientes que impulsa la reforma judicial.
Piden notables y Ley de Garantías
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Cochabamba y CC presentarán cada un proyecto para la reglamentación de las elecciones judiciales que comprende la inclusión de una comisión de notables y una Ley de Garantías para que ese proceso sea imparcial y no supeditado al Gobierno.
La representante del Conade Cochabamba, Lizeth Beramendi, anticipó que este martes 7 de marzo presentarán en La Paz un proyecto de ley y reglamento que garantice la conformación de una Comisión Técnica Especializada de Profesionales Idóneos y Éticamente Solventes. “Esta comisión debe ser la encargada de una calificación objetiva, creíble, confiable y meritocrática de los postulantes a magistrados”. El documento fue elaborado el 26 de febrero en un Encuentro Nacional por la Justicia Independiente en Cochabamba.
El Conade expresó además su respaldo a la iniciativa ciudadana de reformar la justicia a través de un referendo, por ello ayudó en la instalación de más puntos para la recolección de firmas en Cochabamba.
Beramendi añadió que la ALP deberá “seleccionar a los postulantes en base a la calificación realizada por esta comisión técnica, garantizando así la independencia política de los postulantes seleccionado”. CC, Creemos y juristas independientes alertaron el jueves de que el reglamento del MAS busca que los preseleccionados tengan “el único mérito de ser afines al Gobierno, olvidándose de la idoneidad, probidad y trayectoria”, precisó el diputado de CC, Enrique Urquidi.
Urquidi informó que este sábado terminarán en esa alianza el proyecto de Ley de Garantías para que no sea la ALP la elija a los preseleccionados. “Para nosotros el tema central no es precisamente el reglamento, desde nuestro punto de vista la preselección no la debe hacer la Asamblea, sino una comisión de notables con trayectoria en cada departamento”, anticipó. En esa comisión se pretende invitar a universidades, colegios de abogados y otras instancias.
El jueves, la senadora de CC Silvia Salame denunció que la ALP rechazó una propuesta de reglamentación que ella presentó para la preselección de los postulantes a las elecciones judiciales.
Los opositores esperan ahora que el Legislativo a través de sus comisiones pueda considerar y evaluar los cuatro proyectos. Desde el MAS recordaron que la ALP tiene el mandato constitucional de realizar la preselección de los candidatos a magistrados no obstante opositores, activistas y abogados, creen que deben ser expertos en el área quienes deben hacer ese trabajo.