Este no es un caso cerrado. La pugna por la silla de la Gobernación de Santa Cruz no terminó. Desde el MAS y Creemos se preparan para otra batalla legal tras la aprobación de la ley de “ausencia temporal” que ratifica a Luis Fernando Camacho en el cargo. Mientras tanto, desde Caracas, el presidente Luis Arce afirmó que la primera autoridad del departamento también “debe dar explicaciones” por la quema de instituciones que se dieron luego de su aprehensión a fines de 2022.

“Tuvimos, como reacción, cuando la Justicia arresta al señor Camacho, quemas de instituciones públicas en la misma ciudad de Santa Cruz y hay mucho por explicar a la población boliviana y eso tiene que hacerlo el señor Camacho ante la Justicia”, alertó Arce en una entrevista que concedió a Telesur en Caracás, el canal que controla el Estado venezolano.

El Presidente viajó a esa capital para participar de los actos recordatorios del décimo año del fallecimiento de Hugo Chávez. Allí también estuvo Evo Morales, el jefe de su partido, pero no hubo ninguna referencia sobre un eventual encuentro con Luis Arce.

El mandatario aseguró que su gobierno “no va a interferir en el trabajo la Justicia”. Camacho fue encarcelado preventivamente por cuatro meses en el penal de Chonchocoro bajo cargos de “terrorismo” en un caso denominado por las autoridades judiciales como “Golpe de Estado I”.  Arce ratificó el rechazo de su gobierno a otorgar una amnistía en favor de Camacho y otros líderes de oposición detenidos por este caso que tiene que ver con la crisis política que tuvo lugar a fines de 2019.

En Santa Cruz, la asambleísta Paola Aguirre (Creemos) dijo que el MAS y el Gobierno se han propuesto tomar en control de la gobernación desde que Camacho fue trasladado a Chonchocoro.

“Esta es sólo una primera batalla, vienen muchas más”, afirmó tras evaluar la norma que la Asamblea Legislativa Departamental aprobó el sábado y que establece que la ausencia temporal “será invocada expresamente” por el Gobernador. La norma se debatió por efecto de un fallo de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia que ordenó a la Asamblea Legislativa Departamental precisar el alcance de la “suplencia gubernamental” que está en el artículo 25 del Estatuto Autonómico.

Por su lado, la asambleísta Raquel Valencia (MAS) recordó que el dictamen les concedió la tutela para que se desarrolle la normativa, pero no en favor de Camacho. Dijo que con la ley se están incumpliendo deberes formales y anuncio acciones penales, además de un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Le han puesto 10 candados para que Mario Aguilera no asuma nunca la gobernación”.

“Claramente se ha configurado aquello que prevé el Código Penal en su artículo 179 que es la desobediencia la resoluciones de acciones constitucionales. Ojalá que no digan después persecución política cuando nosotros accionemos (una demanda)”, afirmó la asambleísta ante este escenario

El legislativo está formado por 28 asambleístas, 11 son de Creemos que se alió con el  único representante de la fuerza regional denominada ASIP y los cinco representantes indígenas. Los restantes 11 escaños son del MAS.

Con esta correlación de fuerzas, el partido de Camacho activó la normativa que será llevada esta semana al penal de Chonchocoro para que sea promulgada por Camacho. El Gobernador se reúne cada jueves en ese penal con su asesor de gestión, Efraín Suárez, para despachar los pendientes de su despacho y seguir gobernando.

Aguirre aseguró que el MAS utilizará varias rutas para poder tomar el control de la institución y anticipó que defenderá el voto del 55% de los votantes que eligieron a Camacho en los comicios de 2021. “Santa Cruz no merece gente que la rife al mejor postor y sé que detrás de ese poder no solamente está el MAS”, afirmó al  denuncias presiones sobre la bancada indígena.

Fuerzas
Los cinco legisladores indígenas de Santa Cruz denunciaron presiones por parte del MAS para cambiar su voto en favor de la propuesta de ese partido.

Plan
El proyecto del MAS, rechazado el sábado, se planteó la causal de “procesos judiciales” para activar la suplencia gubernamental del Gobernador, quien no perdió sus derechos políticos al quedar preso.

Juicios
Además del delito de “terrorismo”, el Gobierno pretende enjuiciar a Camacho por “seducción de tropas” y por el paro de los 36 días. Arce reveló que a eso se va a sumar un pleito por la quema de instituciones.