La propuesta para revocar el mandato del presidente Luis Arce fue observada y perdió respaldo. Sucedió desde que venció el plazo de 30 días que dio el cabildo del 25 de enero para que se conceda una amnistía para los 180 opositores detenidos por conflictos políticos.

De hecho, organizaciones civiles como el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), entidades políticas de oposición, como la alianza Comunidad Ciudadana (CC), además de plataformas cívicas y ciudadanas expresaron sus dudas sobre la viabilidad de la propuesta que emergió en medio de la demanda y la inédita movilización ciudadana para reformar a la justicia.

“Este no es tema sólo del Comité pro Santa Cruz, somos todos. El compromiso es de todos. No se puede sacar la nalga a la jeringa”, dijo Fernando Larach, el nuevo líder de los cívicos cruceños.

En su discurso inaugural, el dirigente no se refirió al revocatorio y sumó votos en favor de “una justicia imparcial y libre de toda injerencia política”. Anunció, entonces, el apoyo “a la recolección de firmas para que, mediante referéndum, se exija una reforma parcial de la Constitución que permita que jueces y fiscales sean ciudadanos idóneos, honestos y probos” con miras al proceso elección de autoridades judiciales que debe realizarse en octubre.

Este año se deben elegir, por voto popular, a 23 magistrados y tres consejeros, con sus respectivos suplentes del Órgano Judicial. Este proceso se debe hacer, de acuerdo con la Constitución, a través de una preselección de candidatos con el apoyo de dos tercios de la Asamblea Legislativa.

El abogado Juan Del Granado, vocero de los Juristas Independientes, señaló que en esa preselección se imponen los criterios políticos del partido mayoritario, en este caso el Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que vulnera la posibilidad de contar con un sistema judicial independiente.

Para el constitucionalista Carlos Alarcón, quien es diputado de CC, “las fuerzas democráticas del país deberían concentrar sus esfuerzos en esta reforma judicial que se lleva adelante a merced de un inédito impulso ciudadano.

“El revocatorio es un derecho constitucional y nadie podría censurarlo, cuestionarlo u oponerse, pero hay que tener claro que los resultados de ese revocatorio pueden conducir a un error político garrafal”, afirmó poco antes de advertir que es un escenario que podría electoralizar el país de manera innecesaria.

Alarcón también pidió tomar nota de “la delicada situación económica” que enfrenta el país a instancias de la actual gestión de gobierno. Consideró que un revocatorio puede ser “un salvavidas” para Arce en el contexto actual.

La solicitud formal para revocar el mandato del presidente requiere de casi dos millones de firmas o el 25% del padrón nacional, según el Artículo 26 de la Ley 026 de Régimen Electoral. El porcentaje es superior al 20% requerido, por ejemplo, para la iniciativa popular que ahora busca la reforma del sistema judicial a través de un referéndum y un ajuste parcial de la Carta Magna. Además, el proceso se debe poner en marcha cumplida la mitad del mandato de cinco años de Arce y ese plazo correrá a partir de mayo, cuatro meses después del plazo que el cabildo nacional otorgó al mandatario.

“No es un proceso que se cumple de la noche a la mañana; pasa, necesariamente, por la aprobación de diferentes instancias del Órgano Electoral y de la Asamblea Legislativa”, afirmó Larach. Aseguró que el mandato de los cabildos es para cumplir, pero también dijo que se deben evitar medidas de presión en tiempos de crisis.

El portavoz de la presidencia, Jorge Richter, afirmó que la propuesta de revocatorio debe estar respaldada, además, de un informe que justifique esa medida.

Carlos Börth, abogado con un doctorado en Derecho Constitucional, alertó que el escenario político es “mucho más delicado” para poder llevar adelante un revocatorio. “Dadas las condiciones en la que se encuentra la oposición, ¿a quién beneficia más el adelantamiento del calendario electoral? Es este efecto al que yo le presto más atención. Las fuerzas de oposición, los comités cívicos deberían frenarse un poco, analizar con cuidado, las consecuencias de una revocación del mandato de Arce”, anotó el jurista.

Manuel Morales, el vocero del Comité de Defensa de la Democracia (Conade) desaconsejó llevar adelante el revocatorio contra Arce porque, en criterio de su organización, se deben concentrar las fuerzas en la iniciativa ciudadana para reformar la justicia.

“Nosotros, como Conade, recomendamos al Comité pro Santa Cruz suspender el tema del revocatorio y más bien le demos todas nuestras energías a la recolección de firmas. Los juristas independientes lo están haciendo bien. Es importante que podamos cerrar bien esta etapa con miras para este referéndum constitucional. Esta es la agenda que merece nuestra atención”, afirmó.

En todo caso, Morales espera que Fernando Larach pueda promover una reunión de coordinación para los próximos días con las organizaciones cívicas y plataformas ciudadanas del país.

El plazo para recolectar firmas para promover la reforma parcial de la Constitución vencerá el próximo 23 de abril. Luego, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe revisar el trámite y pasar las preguntas del referéndum al Tribunal Constitucional. La consulta tiene que ver con la necesidad de tener una comisión de selección apolítica de los candidatos a magistrados, la otorgación de un presupuesto mayor al Órgano de Justicia, así como la revalidación de la justica originaria.

Del Granado espera que el referéndum esté listo para agosto, antes de las elecciones judiciales. Los plazos son apretados.

El Gobierno no tomó Partido y militares
dicen que les han prohibido firmar los libros

Un grupo de militares del Ejército denunció que el comandante de esa fuerza, el general Juan José Zúñiga, emitió una instrucción escrita con la que prohíbe al personal de esa institución firmar los libros que promueven la reforma judicial a través de una iniciativa ciudadana que apunta a la reforma parcial de la Constitución.

De acuerdo con la instructiva DGJURE 076/23, Zúñiga señala que se “comprobó con mucha extrañeza, que personal militar y empleados civiles firmaron los libros de recolección de firmas que es promovida por grupos de juristas independientes a la cabeza del señor Juan Del Granado, jefe del partido “Movimiento Sin Miedo”.

“(Ellos) buscan cambiar el sistema de justicia, provocando inestabilidad en el Estado Plurinacional de Bolivia”, señala el documento que hicieron llegar a EL DEBER

“En tal sentido se prohíbe que el personal del Ejército firme estos libros. El personal que omita esta orden será sancionado de acuerdo con la Ley Orgánica de las FFAA con el retiro obligatorio”, señala el documento atribuido al Ejército.

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó el sábado que el Gobierno no tomó partido “ni en favor ni en contra” de la iniciativa, pero consideró que los tiempos no darán para que la reforma sea aplicada este año antes de la elección judicial.

Por su lado, el senador Felix Ajpi (MAS) aclaró que no se pueden recolectar firmas “en los cuarteles”. Pidió a los periodistas conversar con el general Zúñiga respecto a la veracidad del documento.