“En Uncía ha ganado Alianza Social el partido y ahora están exigiendo la renuncia del Alcalde y eso porque el MAS está demostrando su verdadera cara que es antidemocrática, ellos quieren tomar por la fuerza lo que no han obtenido en las urnas y eso tiene que ser censurado y castigado desde el propio Gobierno”, dijo Fuertes a la ANF.

Explico que en el MAS prefieren sancionar con chicotazos, con violencia cuando el resto de los bolivianos busca paz y diálogo.

“El MAS está confrontando y en esa confrontación arrastra a víctimas inocentes como el bebé que perdió la esposa de Choque, como la familia que fue desterrada y es horrible escuchar a parlamentarios que eso es comunitario”, cuestionó.

El pasado 23 de febrero Evo Morales llegó a la población de Cala Cala de Potosí para ser parte del VII Festival de la Qhonqhota, pero Choque rechazó su presencia y tiró la silla que estaba destinada en el palco para el exmandatario. Esta actitud hizo que los seguidores de Morales lo agredan físicamente.

“No podemos naturalizar (la violencia) y también se perjudica a los pueblos indígenas y campesinos porque y toda la gente empieza a creer eso es la justicia comunitaria y la misma es restaurativa, vuelve al equilibrio, no es violenta ni de maltratar a toda la familia ni del destierro y lo peor es que el Estado no hace nada”, indicó.

Fuertes lamentó que el Gobierno de Luis Arce no se pronuncie tras las agresión y destierro de Choque, además de la toma de rehenes por afines al MAS en Uncía.

“(El Gobierno) se está callando no sé si está esperando a que se muera toda la familia o si realmente nos quieren imponer la cultura del miedo, se aprovechan de los pueblos indígenas para aplicar el chicote y eso no debería ser naturalizado. Aquí hay un incumplimiento de las autoridades porque también estuvieron retenidas siete personas dos días eso fue secuestro”, indicó.

Detalló que, si en la ciudad se expulsa a una persona originaria o del campo sería catalogado como discriminación, sin embargo, cuando esto sucede con simpatizantes del MAS nadie dice nada.

“Estoy convencida que no es la gente de los ayllus, no es la gente de Potosí o de Uncía la que actúa de esa manera tan violenta y por fuera de la ley, son algunos dirigentes que hacen honor hacer llunkus porque ellos lo que quieren es hacer es quedar bien con su jefazo y por eso estarían cometiendo esos excesos”, dijo.

La CPE está por encima de la justicia originaria

Remarcó que el artículo 15 de la Constitución Política del Estado (CPE) en su parágrafo primero establece el derecho a la vida como un derecho fundamental, además que ninguna persona tiene que ser sometida a tratos inhumanos o torturas.

En su parágrafo segundo del artículo 15 de la CPE dice que la mujer no puede ser objeto de violencia tanto física, psicológica y otros tipos.

“Aquí están dejando hacer y dejando pasar porque, probablemente la gente que está violentando es la gente del Movimiento Al Socialismo, ellos están fuera de Uncía y quienes tienen que garantizarle sus derechos es el mismo Gobierno, a nosotros nos llama la atención el silencio de la Fiscalía de la Justicia cuando deberían ellos preservar los derechos que Martín Choque”, recalcó.