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Medio: Opinión
Fecha de la publicación: viernes 03 de marzo de 2023
Categoría: Organizaciones Políticas
Subcategoría: Democracia interna y divergencias
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Los enfrentamientos al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) entre los denominados “evistas” y los “arcistas” se intensifican, en los últimos días con la polémica del rol que cumplen los “guerreros digitales”.
El diputado del MAS Héctor Arce pidió ayer crear una comisión mixta para investigar a los que él ha denominado “mercenarios digitales” y agregó que no cree en la auditoría que anunció la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien aseguró que los contratos de publicidad se manejan con transparencia.
En días pasados, Arce denunció que los “mercenarios digitales” que trabajan para el Gobierno tienen el objetivo de atacar al expresidente Evo Morales y que, además, se les paga con dinero del Estado.
En su defensa, la viceministra Gabriela Alcón negó ayer “categóricamente” la utilización de recursos del Estado en otros fines que no sean los establecidos en sus competencias institucionales y denunció una campaña de desinformación y discursos de odio para desinstitucionalizar al Gobierno de Luis Arce.
“Quiero reiterar, además, que todos los contratos que tenemos con los medios de comunicación del Estado, privados, comunitarios y redes sociales para la difusión de la gestión son públicos y transparentes (…) y están en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes)”, señaló en conferencia de prensa, según ABI.
De acuerdo con la autoridad, las versiones de autoridades y exautoridades electas sobre el supuesto desvío de fondos públicos para campañas en medios y redes fuera de la ley tienen el objetivo de generar una idea de desinstitucionalización del Estado con base en dos ejes: La desinformación y los discursos de odio.
Alcón lamentó que el despacho a su cargo sea objeto de acusaciones sin fundamento y citó como ejemplo el esquema presentado el miércoles en medios de prensa de un supuesto financiamiento de operaciones digitales en los que se acusó a funcionarios y exfuncionarios con nombre y apellido, denigrándolos e incurriendo en un claro acoso político.
“El funcionario al que hacen referencia, no trabaja en dicha institución hace más de dos años, la empresa a la que hacen referencia ha tenido contratos con el gobierno boliviano en los periodos 2013 a 2019 y a partir de 2019 esta empresa no tiene ni un solo contrato con el Estado”, precisó.
AUDITORÍA
El diputado Arce pidió conformar una comisión mixta para llevar a cabo una auditoría y descubrir quiénes están involucrados en las cuentas, eliminadas por Meta, y que difundían supuesta información falsa en Facebook.
Para Arce es claro: existe todo un esquema, el cual presentó el diputado hace dos días, y que está encabezado por la viceministra Alcón y el director de Comunicación del Ministerio de Gobierno, José Daniel Llorenti.
Además, el asambleísta dijo que no cree en la auditoría que inició Alcón.



