“Hay que garantizar a la gente un proceso totalmente abierto, transparente y que la preselección no vaya a estar contaminada por móviles políticos. Con este reglamento, el MAS está buscando nuevamente que los que vayan a ser preseleccionados tengan el único mérito de ser afín al Gobierno olvidándose la idoneidad, la probidad y la trayectoria”, aseguró el diputado y presidente de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi. Esa alianza planteará una Ley de Garantías para que una Comisión de Notables participe de la preselección de postulantes.

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) su reglamento para las elecciones judiciales de octubre. El jefe de la bancada del MAS en el Senado, Miguel Pérez, indicó que el documento tiene cinco capítulos y 40 artículos que, según él, deben “debatirse” con carácter “de urgencia” en el Legislativo.

En la misma línea que Urquidi, su colega de Creemos, Alejandro Ayala, precisó que el oficialismo elaboró una norma que “no tomará en cuenta la meritocracia, por eso es un reglamento a la medida del masismo para que entren sus jueces y fiscales”, aseveró. Creemos pedirá que miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participe en la preselección.

El diputado masista Israel Huaytari, presidente de la Comisión de Justicia Plural, que participó en la redacción del documento negó que no se tome en cuenta la meritocracia. “El reglamento que se ha trabajado es netamente meritocrático. Eso hay que comprender, ahora si es que hay una observación de nuestras colegas diputados, por supuesto deben fundamentarlo”.

La norma permite la participación como veedores de las organizaciones sociales, que a juicio de Urquidi y Ayala, abrirá la ventana para que el Pacto de Unidad afín al Gobierno intervenga.

Repostulación es igual que un Pasanaku

La senadora de CC, Silvia Salame, alertó este jueves en las próximas elecciones judiciales puede darse “un pasanaku”, de cargos entre magistrados que pueden postularse ahora, para ser tribunos de otros órganos judiciales.

“No podemos permitir que las actuales autoridades que dirigen el órgano judicial puedan hacer un pasanaku como en 2011 y 2017, cuando se presentaron, por ejemplo, algunos que terminaban su mandato en el Tribunal Supremo para después postular al Tribunal Constitucional, eso no podemos permitir”, alertó. La senadora confirmó que la ALP rechazó un proyecto de reglamento, que ella presentó, para la preselección de candidatos a las judiciales.

Recordó que en su condición de jurista en junio del año pasado presentó un proyecto de ley para la modificación de la forma de preselección de magistrados y que en diciembre volvió a presentar un nuevo proyecto con todo lo necesario. “Hemos trabajado con grandes constitucionalistas de Bolivia para poder hacer una herramienta que permita la Asamblea Legislativa Purinacional (ALP), realizar un preselección basada en la meritocracia”, indicó.

Explicó que el objetivo de su proyecto de ley es “devolver la dignidad” al pueblo boliviano, porque tiene derecho a tener una justicia pronta e independiente. Asimismo,, dijo que el ciudadano que se presenta como candidato, también tiene derecho a que se respete su dignidad, por esa razón en su proyecto se tomó en cuenta dos aspectos; la meritocracia y un control social más fuerte.

“No garantiza transparencia”

El abogado José Rivera, del grupo de juristas independientes que impulsan la reforma judicial, apuntó que el reglamento azul para las elecciones judiciales “no garantiza un proceso transparente”, además cita seis requisitos para preseleccionar a los candidatos a magistrados, que según él, son obviados por el MAS.

Según Rivera, en las próximas elecciones judiciales, el pueblo no elegirá “verdaderamente a los magistrados porque va a votar sobre una decisión política en la Asamblea Legislativa con imposición de la mayoría del oficialismo, que selecciona candidatos sobre la base de la afinidad política, ideológica, no sobre la base de la idoneidad y probabilidad verificados públicamente en un proceso transparente con una comisión que esté integrada por expertos en la materia”, apuntó.

“Se filtran exámenes”

Rivera opinó que se deben medir seis elementos de los postulantes: la idoneidad profesional (posgrado y otros estudios); la idoneidad de ejercicio referida a si posee habilidades para el desempeño de funciones como magistrado; la idoneidad ética; la idoneidad gerencial, la idoneidad social y política.

“Esto no lo van a hacer, porque el tema meritocrático se reduce a recibir documentos para calificar con alta ponderación y el examen escrito es sobre un banco de preguntas mal formuladas que además se filtran días antes entre postulantes afines al oficialismo”, puntualizó Rivera para quien además la entrevista a los candidatos las hacen diputados y senadores, pero no juristas que conocen el área.

El reglamento que presentó el MAS comprende que la experiencia profesional valdrá 30 puntos, la evaluación de formación profesional con 25, el examen escrito un valor de 30 y la entrevista, 15 puntos. Los postulantes deben alcanzar al menos 71 puntos para pasar a la etapa de preselección.

“La mejor prueba (de afinidad al Gobierno) es que cuando dejan de ser magistrados terminan siendo altos funcionarios del Gobierno que requieren confianza política”, precisó Rivera.