Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: jueves 02 de marzo de 2023
Categoría: Debate sobre las democracias
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Por quinta ocasión, el MAS intenta regular las redes sociales a través de una ley, cuyo proyecto contempla hasta siete años de cárcel a aquellos que creen cuentas falsas, sin embargo periodistas, expertos en Internet y constitucionalistas ven que la iniciativa es inviable, pero que además atenta contra la libertad de expresión instituida por la CPE y la Ley de Imprenta, entre otras normas.
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“La declaración del diputado Juan José Huanca es inaceptable, porque contraviene el espíritu de la Ley de Imprenta y la Constitución Política del Estado (CPE) que garantizan la libertad de expresión. Es una iniciativa inaceptable y la rechazamos contundentemente porque está destinada a acallar las voces críticas”, aseguró Raúl Peñaranda, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP).
Huanca, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), presentó un proyecto de ley para regular las redes sociales con penas de hasta siete años para quienes creen cuentas falsas.
Y si bien Huanca informó que añadieron un artículo, que según él, garantizará la libertad de expresión, expertos en el área son escépticos. “Se pretende criminalizar la libre expresión en redes sociales porque se crea un ambiente de vigilancia y censura. Este tipo de normas se han debatido en varios parlamentos en la región y tienden a quedar sin promulgación y a generar resistencia”, señaló Eliana Quiroz, responsable de la Fundación Internet Bolivia.
La CPE en el artículo 106 y el inciso II dice: “El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”. Mientras que el artículo 1 de la Ley de Imprenta reza: “Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura”.
Derecho protegido
La libertad de expresión está garantizada por al menos otras 10 normas nacionales e internacionales.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza en su artículo 19: “El derecho a la información de las personas a la libertad de opinión y de expresión”. Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles dice en el artículo también habla del tema: “Protección al derecho para expresar opiniones e ideas”
Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13 señala: “Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, sin previa censura, con respeto a los derechos y reputación de los demás”. Existen otras siete normas.
A raíz de los guerreros digitales
A consecuencia de la cancelación de 1.600 cuentas falsas por parte de Meta, la casa matriz de Facebook, arcistas, evistas y opositores abrieron un debate respecto al rol de los guerreros digitales que creó el MAS en 2016, en la gestión de Evo Morales, por ello Huanca dijo que se debe sancionar “el uso indebido” de las redes sociales.
“El proyecto va en contra del uso indebido de las redes sociales que atenten contra la integridad moral, psicológica ofensas, difamaciones, calumnias que afecten la honorabilidad y dignidad de las personas”, insistió Huanca.
No obstante, el experto en redes sociales Marcelo Durán recordó que aquello ya está en las leyes. “Está el Código Penal y también en la Ley de Imprenta que tiene que ver con injurias calumnias y difamaciones eso existe ahora, por ejemplo si alguien publica en un medio masivo calumnias o injurias es procesado”, aseveró.
Al respecto, el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Ayala señaló que las denuncias por difamación, como indica Huanca, “se procesan por el Código Penal, lo que debe hacer el MAS es procesar a sus guerreros digitales”.
Peñaranda, de la APLP, alertó que la “guerra interna del MAS” y el anuncio de la ley para las redes sociales “afectará prácticamente a toda la ciudadanía que se expresa por redes sociales, por lo tanto afectará a su libertad de expresión”.
Ven que es inviable
El diputado evista Daniel Rojas desahució el proyecto de su colega Huanca, porque no se puede rastrear a quienes manejan las cuentas falsas y le sugirió aprender “a manejar cómo funciona el WhatsApp”. El experto Durán admitió que es inviable identificar a quiénes están detrás de cuentas falsas.
“El colega ha tenido una buena intención al presentar el proyecto, pero primero sugiero que aprendamos a manejar cómo funciona el WhatsApp y otros, lindo fuera que el sistema fuera creado por un boliviano para controlarlo, pero no es así, eso lo maneja un cerebro electrónico . Yo creo que ese proyecto caerá en saco roto”, advirtió Rojas.
Durán, especialista en redes sociales, sostuvo que la facilidad de adquirir un chip para luego atacar cibernéticamente desde un dispositivo, la posibilidad de que el sospechoso pueda afirmar que fue hackeado o que perdió su celular, pueden hacer inviable el procesamiento penal a los autores verdades del ataque
“Una persona podría decir en su defensa: 'A mí me han robado, han suplantado mi identidad, me han hackeado'. Y así nunca se va a poder lograr aplicar la normativa en el mundo entero”, puntualizó Durán.
No obstante, Quiroz, de Fundación Internet Bolivia, recordó que durante la pandemia del coronavirus en 2020 el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que 67 personas fueron aprehendidas en el marco del DS 4199 de 2020 por generar acciones de desinformación y generación de incertidumbre en ese contexto de salud.
Bolivia Verifica ve que puede ser “un arma de doble filo”
El castigar con cárcel a “los desinformantes” en redes sociales puede limitar la libertad de expresión y ser un “arma de doble filo”, opinó Patricia Cusicanqui, editora en Jefe del portal Bolivia Verifica.
La experta sostuvo que el tema merece un profundo análisis y debate, porque el enorme riesgo de regular los contenidos que se publican en las redes sociales e incluso llegar a castigar con cárcel a los desinformantes “puede derivar en limitar la libertad de expresión. Pero además, en contextos altamente polarizados como el de Bolivia, puede representar un arma de doble filo por el uso político que se le puede dar a una ley en esta materia”.
Añadió que ante la desinformación producto de una estrategia sistemática y financiada que tiende desprestigiar a ciertos sectores y generar conflictividad, zozobra o violencia, se puede apuntar a tres elementos: primero, conocer y usar mejor los mecanismos de denuncia que tienen las plataformas para poner evidencia a los desinformantes; segundo, conseguir que sus cuentas sean eliminadas cuantas veces sea necesario y tercero, fomentar en las audiencias la alfabetización informacional, para que la gente comience a analizar lo que consume en la red.
