La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, “desmintió categóricamente” este jueves la utilización de recursos del Estado en otros fines que no sean los establecidos en sus competencias institucionales y denunció una campaña de desinformación y discursos de odio para desinstitucionalizar al Gobierno de Luis Arce.

“Quiero reiterar, además, que todos los contratos que tenemos con los medios de comunicación del Estado, privados, comunitarios y redes sociales para la difusión de la gestión son públicos y transparentes (…) y están en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes)”, señaló en conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo, sede de la Presidencia del Estado.

De acuerdo con la autoridad, las versiones de autoridades y exautoridades electas sobre el supuesto desvió de fondos públicos para campañas en medios y redes fuera de la ley tienen el objetivo de generar una idea de desinstitucionalización del Estado con base en dos ejes: La desinformación y los discursos de odio.

Dijo que esa narrativa está en la línea de la radical oposición de la derecha boliviana.

Desde la perspectiva de la autoridad, no es posible hacer política desde argumentos sin pruebas y agresivos.

“Hoy Bolivia quiere paz, tranquilidad, que sigamos consolidando la reconstrucción económica y productiva y que sigamos por la senda del crecimiento económico con justicia social rumbo al bicentenario y tengan la certeza que la gestión del presidente Luis Arce está enfocada en esa línea”, aseveró.

Alcón lamentó que el despacho a su cargo sea objeto de acusaciones sin fundamento y, en ese marco, dejó establecido que el trabajo que desarrolla está orientado a las competencias asignadas al nivel central del Órgano Ejecutivo a través de la Constitución Política del Estado.

La estrategia política de la desinformación, dijo, busca instalar ideas con mentiras y acusaciones falsas.

Citó como ejemplo el esquema presentado ayer en medios de prensa de un supuesto financiamiento de operaciones digitales en los que se acusó a funcionarios y exfuncionarios con nombre y apellido, denigrándolos e incurriendo en un claro acoso político.

“El funcionario al que hacen referencia, no trabaja en dicha institución hace más de dos años, la empresa a la que hacen referencia ha tenido contratos con el gobierno boliviano en los periodos 2013 a 2019 y a partir del 2019 esta empresa no tiene ni un solo contrato con el Estado”, precisó

Además, remarcó, la supuesta captura de una cuenta publicitaria de Meta presentada “es completamente falsa” porque los indicadores que muestra, no coinciden.

“Son, también, falsos, se trata de un fotoshop mal hecho”, indicó.