El reglamento debería estar listo en abril. Esta es la expectativa “y la urgencia” que tiene del Movimiento Al Socialismo (MAS) que ayer presentó un proyecto con las reglas para la postulación de los juristas que aspiren a ser candidatos a magistrados del Órgano Judicial en los comicios de octubre. Este proceso, que incluye el debate político, se dará en medio del “clamor ciudadano” que plantea una reforma de la justicia a través de un ajuste constitucional que también es considerado “urgente”. 

La propuesta normativa del oficialismo fue entregada ayer por los dos jefes de bancada del MAS, Andrés Flores, por la Cámara de Diputados, y Miguel Pérez, del Senado, ambos de la facción renovadora del partido gobernante, próxima al presidente Luis Arce.
Pérez aclaró que la convocatoria “será para todos”, pero anticipó que se respaldará a aquellos postulantes que presenten méritos.

“A aquellos que son meritocráticos vamos a respaldarlos porque el pueblo boliviano necesita un cambio radical en la elección y postulación de nuevos magistrados”, insistió el senador antes de entregar el documento al vicepresidente David Choquehuanca.

En las próximas elecciones judiciales, la tercera en la historia del país, se elegirá a cinco magistrados titulares y a cinco magistrados suplentes para el Tribunal Agroambiental; tres consejeros titulares y tres consejeros suplentes para el Consejo de la Magistratura. En representación de cada departamento, serán elegidos nueve magistrados titulares y nueve magistrados suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia; y nueve magistrados titulares y nueve magistrados suplentes para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sumarán en total 46 magistrados elegidos y seis consejeros, incluidos suplentes.

El documento consta de 40 artículos, mantiene los criterios políticos de la elección de 2017, pero fijan “mayores exigencias” en cuanto a méritos, según explicó el senador Rubén Gutiérrez (MAS).

 La calificación de experiencia será de 30 puntos, mientras que la de formación académica será de 35; sumarán 20 puntos para el examen escrito y la entrevista personal tendrá una calificación de 15.

Además, según Gutiérrez, los aspirantes deben acreditar experiencia “de por lo menos ocho años” y aseguró que habrá filtros.

El mandato de las actuales autoridades judiciales concluirá en enero de 2024. “Estamos sobre el filo del cumplimiento de estos plazos”, admitió el senador Pérez.

Pero, el proceso de debate político para reglamentar las postulaciones para las candidaturas del Órgano Judicial sucede en momentos en los que un grupo de juristas independientes recolecta firmas para ajustar la Constitución Política del Estado de manera que no sea el Legislativo que, con criterios políticos, seleccione a los candidatos a magistrados. 

La propuesta de reforma parcial de la Constitución también plantea más recursos económicos para la justicia, la revalidación de la justicia indígena originaria y juzgados de conciliación. Este ajuste, que debe ser validado a través de un referéndum, apunta a generar mayores condiciones de independencia de la justicia respecto del poder político, recordó ayer la abogada Audalia Zurita, quien forma parte de los profesionales que impulsan la iniciativa legal.

“Nos faltan manos; no estamos logrando cubrir la demanda ciudadana que quiere adherirse a la iniciativa” que comenzó el 23 de enero. El mecanismo requiere el 20% del padrón electoral que equivale a 1,5 millones de firmas.

Zurita aseguró que aún no se ha hecho el balance de adhesiones que se logró hasta febrero, pero anticipó que cumplirán con el plazo del 23 de abril que fue establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para este proceso.

Explicó que hay mucho interés en ciudades fronterizas y poblados rurales. Anticipó, por eso, que este fin de semana los Juristas Independientes participarán en un ampliado de trabajadores campesinos en el poblado de Chulumani, en el norte de La Paz. Allí llevarán los libros para recabar las firmas y explicar el alcance de la iniciativa ciudadana en curso.

“Hubo una etapa inicial en la que el Gobierno, el MAS y sus aliados intentaron deslegitimar esta iniciativa, pero vemos las señales que da la administración de justicia que volvieron a poner este tema como urgente; además, hay un clamor en la ciudadanía por una justicia independiente que no esté controlada por el poder político”, apostilló la abogada.

Recordó, por ejemplo, la forma en la que actuó un juzgado de Santa Cruz cuando liberó al activista del MAS Reynaldo Ezequiel, quien chocó varios vehículos al conducir su motorizado al influjo de bebidas alcohólicas. También lamentó que el dirigente cocalero César Apaza, opositor al Gobierno, esté detenido a pesar de haber sufrido una embolia que restringió su capacidad de movimiento.

“Hay más ejemplos. Cuando se trata de enemigos tienen que ir a prisión, pero cuando se trata de amigos, no importa que conduzcan borrachos, que pongan en riesgo la vida de las personas, la justicia no les cae a ellos”, afirmó.

En el país existen 16.000 personas detenidas de manera preventiva, lo que representa algo más del 60% del total de las personas privadas de libertad. Además, la cantidad de presos se incrementó de 18.000 a poco más de 22.000 en el último año, según datos del Régimen Penitenciario. Organismos Internacionales de Derechos Humanos observaron el “abuso” de la prisión preventiva en el país.

“Por estos datos y la premura del MAS en la elección de magistrados, Zurita consideró que “hay desesperación” en el partido de Gobierno “para no perder el control sobre la justicia”, algo, según dijo, que se extinguirá con la reforma parcial de la Constitución.

Pero, una vez que se reúnan las firmas para la reforma, el Tribunal Constitucional debe avalar las preguntas del referéndum que se aplicará para el ajuste a la Constitución. “Pensamos que ese referéndum estará listo en agosto”.

“Ahora, si el Tribunal Constitucional demora se va a tener que enfrentar a la presión de 1,5 millones de personas que quieren cambios en la justicia”, afirmó.

Por su lado la senadora Silvia Salame, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), consideró que la propuesta del MAS “es improvisada". Ella planteó un proyecto de ley para que el proceso de selección de candidatos sea observado con ayuda de la comunidad internacional. Su propuesta fue rechazada.