El pasado jueves, Choque tiró la silla que el líder del MAS pretendía usar en el palco de la festividad de Qhonqhota.

“Efectivamente, la justicia originaria del lugar ha estado por encima de los derechos humanos y de la misma Constitución Política del Estado”, declaró Rojas a la ANF a la consulta sobre el respeto a los derechos humanos en el caso del potosino expulsado.

El parlamentario argumentó que la justicia ordinaria está amparada en la Constitución Política y las instituciones del Estado como los defensores de derechos humanos poco o nada pueden hacer ante sus decisiones y resoluciones. Recordó que la justicia ordinaria actúa en las comunidades solo en casos hechos de sangre y robo.

“Ni derechos humanos ha podido intervenir en la justicia originaria (…) cuando se le ha azotado, por ejemplo, al señor Félix Patzi (…). ¿Ha intervenido derechos humanos? Yo creo que poco o nada hace derechos humanos. La Constitución para ellos está, se está respetando la justicia originaria del lugar; entonces, yo creo que en cancha podemos ver, en papeles podemos ver que sí se estaría vulnerando sus derechos, pero ¿qué es un azote? O sea, son sus propios usos y costumbres”, añadió.

El responsable de Culturas del municipio de Uncía, Martin Choque, quien el pasado jueves tiró la silla que el exmandatario pretendía usar en el palco de la festividad de Qhonqhota, denunció que su esposa y su hijo fueron golpeados en un cabildo abierto en la localidad de Cala Cala. Él fue expulsado por una resolución de los seguidores de Evo.

“La mañana del sábado convocaron a un cabildo abierto, pero no era tal porque solo era de la línea de Evo. Mi esposa y mi hijo fueron a ese cabildo, pero los sacaron a chicotazos, los discriminaron y todo eso ha sido impulsado por las autoridades que son seguidores del Evo”, declaró Choque.

No se puede expulsar, ni siquiera argumentando usos y costumbres

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea ratificó que un comunario no puede ser expulsado bajo el argumento de justicia comunitaria y usos y costumbres porque contraviene contra la Ley del Deslinde Jurisdiccional, la CPE y los tratados internacionales de derechos humanos.

“No se puede expulsar a nadie de su comunidad ni siquiera tomando en consideración los usos y costumbres, en absoluto. (…) Obviamente viola la ley de deslinde jurisdiccional, viola la CPE, viola los tratados firmados y ratificados y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”, declaró Ormachea.

El opositor ve a la justicia ordinaria como “bastante vago” porque no se conoce con precisión sobre si debe existir o no un debido proceso para que un ayllu expulse a uno de sus miembros.