De hecho, Martín Camacho, abogado del gobernador, explicó que existe un recurso abstracto que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional en Sucre (TCP) “para dilucidar la constitucionalidad del delito de terrorismo”, tomando en cuenta jurisprudencia actual.

El Decreto 138, del 20 de mayo de 2009, dejó establecido la ciudad de La Paz “como ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento del delito de terrorismo”. La norma se dio en el contexto del caso Rozsa por el que el Estado está siendo procesado por “ejecuciones sumarias”, pero en el ámbito legal internacional.

Eso sí, el abogado del gobernador explicó que además de este delito “se amplió la acusación a cohecho y seducción de tropas, dentro del mismo proceso Golpe I” por el que está siendo investigado Camacho.

Camacho está siendo procesado por un supuesto golpe de Estado de 2019, pero el Gobierno y el MAS lo vincularon con la represión y las masacres de Sacaba y Senkata que se dieron al inicio de la transición que estuvo a cargo de la expresidenta Jeanine Áñez. El Gobierno no reconoce la validez legal de este proceso transitorio que comenzó por efecto de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, hace casi cuatro años.

“La Fiscalía no ha realizado hasta el momento ningún tipo de acto investigativo. Hemos solicitado inspecciones técnicas oculares; hemos solicitado que se tomen declaraciones a testigos, todas nuestras peticiones de proporción de prueba han sido rechazadas y estamos siguiendo la vía constitucional”, dijo el jurista a EL DEBER.

“No es posible que un Gobierno encierre a un hombre por luchar por la democracia. Sin embargo, otro sentimiento es de esperanza, porque sentimos el apoyo de Santa Cruz y de Bolivia”, apuntó Luis Fernando Camacho Parada, el hijo del gobernador a propósito de su detención en Chonchocoro.