El politólogo Franklin Pareja considera que el líder cívico no tiene otra alternativa más que asumir la determinación del cabildo cruceño del 25 de enero, cuando establecieron un mes de plazo para la aprobación de una ley de amnistía.

En caso de que Larach diera un paso al costado, le significaría un costo político por desoír el mandato del cabildo, cualquiera que vaya a ser el resultado del proceso o del mismo revocatorio. “Sería darle la espalda a uno de los espacios deliberativos más fuertes que tienen los cruceños, porque hubo un mandato del cabildo y el no acatarlo mostraría una imagen débil del nuevo presidente cívico y muchos sectores lo catalogarían de traidor o de venderse al Gobierno”, señaló.

El politólogo aclaró que el hecho de iniciar un proceso de revocatorio no significa que se vaya a realizar porque debe cumplirse ciertos pasos. “Larach está muy consciente de que esta decisión es difícil, pero políticamente no puede dejar de hacerlo porque el costo político sería mayor”.

El analista político y exsenador Carlos Borth adelantó que el proceso puede resultar infructuoso por los requisitos formales que deben cumplirse de acuerdo con el régimen de la Ley Electoral.

Aclaró que los revocatorios de mandato se activan sólo a iniciativa ciudadana y se requiere recolectar firmas de adhesión que sean el 25 por ciento del padrón electoral, lo que representa unos 1.8 millones. Además, debe reunirse el 20 por ciento de cada departamento.

Por lo tanto, es un proceso que demanda gran organización y logística en el ámbito nacional, no sólo en Santa Cruz. Además, existe el riesgo de que se ratifique a Arce, tomando en cuenta el alto porcentaje que se necesita para su revocatorio.

 Borth recordó el revocatorio del año 2008, cuando el expresidente Evo Morales fue ratificado con 2/3 de votos que significó más de 67 por ciento. “Estos resultados le sirvieron a Morales para las elecciones presidenciales de 2009”.

Pareja aclaró que la figura de revocatorio no sólo emerge de un cabildo, porque es una figura constitucional y puede realizarse desde cualquier ámbito.

Determinación de los cabildos

En el cabildo nacional que se realizó el 25 de enero en diferentes ciudades capitales del país, se determinó dar un plazo de 30 días para que el mandatario Luis Arce promulgue un decreto de amnistía para presos políticos; caso contrario, se iniciaría un proceso de revocatorio en su contra.

Los analistas señalaron que, en caso de iniciar el proceso de revocatorio del presidente Luis Arce, los comités cívicos deben expresar su decisión de participar o no en todos los pasos que pueden comenzar en mayo.