La acusación fue sentada por Bladimir Machicao, un activista del movimiento por el 21-F de la ciudad de La Paz. Según el denunciante, el exmandatario incurrió en, al menos, 10 delito.

Desde el MAS minimizan la denuncia en contra de Morales. El senador Félix Ajpi dijo, vía telefónica, que era previsible que fuera presentada ese tipo de acusación, porque había sido anunciado con anticipación. Sin embargo, afirmó que el denunciante tendrá que presentar pruebas contundentes de los delitos que está denunciando y no sustentarla con conjeturas o declaraciones de prensa.

El lunes 20 de febrero, Evo Morales informó que estaba elaborando un plan para definir una agenda para el 2025, por lo tanto, sostiene reuniones con excomandantes militares y policiales. Asimismo, mencionó que mantiene encuentros con militares activos, pero los hace en espacios reservados para evitar que los oficiales reciban sanciones.

A decir de Bladimir Machicao, el expresidente y jefe del MAS incurrió en los delitos de conspiración, seducción de tropas, alzamiento armado, instigación pública a delinquir, alzamiento armado, asociación criminal y terrorismo porque con estas reuniones está provocando malestar en la institucionalidad democrática y busca, según el denunciante, un golpe de estado en contra del presidente Luis Arce.

Consultado, el senador Ajpi mencionó que la acusación carece de sustento porque los militares y policías en servicio pasivo no comandan tropas ni tienen personal a su cargo, como lo intenta hacer ver el denunciante.

“Probablemente el Ministerio Público recibirá la denuncia presentada por este ciudadano, pero después solicitará las pruebas correspondientes. En este caso, tendrán que ser contundentes y no sustentadas en conjeturas o declaraciones de prensa”, insistió el senador masista.

Por su lado, el activista del 21-F señaló que desde hace tiempo Morales debería estar en la cárcel, no solo por este caso, sino por desconocer el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de los electores votó por el No a la reelección indefinida del presidente Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Ambos postularon como candidatos, por cuarta ocasión consecutiva en 2019, después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitiera un fallo en el que reconocía que la reelección es un derecho humano. Supuestamente se amparaba en la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Sin embargo, en agosto de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la reelección indefinida no es considerada un derecho humano y es un hecho contrario a la democracia. La consulta fue activada por el Gobierno de Colombia, que en 2019 solicitó a la Corte IDH que se pronunciara sobre la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.