“Ratificamos las denuncias hechas este domingo por el hermano Evo Morales en sentido de que el Viceministerio de Comunicación, a la cabeza de Gabriela Alcón, que ni siquiera es militante del MAS-IPSP ha solicitado la devolución de dinero de pauta publicitaria a medios de comunicación y empresas publicitarias para luego desviarlo a estas actividades irregulares, lo que se conocía en la época del neoliberalismo como “diezmo” y lo que de comprobarse, sería un delito castigado por la Ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz”, señala parte del pronunciamiento del MAS.

El fin de semana, Evo Morales denunció que los pagos a cuentas en redes sociales venían desde la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón y la jefa de Gabinete del Ministerio de la Presidencia, Angela Cáceres, instancias desde donde sospecha que venían los ataques en su contra. Incluso denuncio que, del total de contrato por publicidad con medios de comunicación, se pedía la devolución del 50%, dinero que sería destinado a los “guerreros digitales”.

Las declaraciones surgen luego de que Meta emitiera un informe sobre la desactivación de 1.600 cuentas de Facebook e Instagram, que incurrían en actividades adversarias coordinadas. Estas acciones, según el documento, estaban destinadas a apoyar al Gobierno y criticar a la oposición. Contaban con una inversión de un millón de dólares en publicidad y tenían vínculos con los guerreros digitales.

Desde el MAS aseguraron que ninguna de las cuentas eliminadas por Meta, le pertenecen al partido azul.

“Denunciamos que algunos funcionarios identificados como “mercenarios digitales”, usan el nombre del MAS-IPSP para justificar sus actividades de terrorismo mediático con la difusión de mentiras y guerra sucia contra el expresidente de Bolivia y presidente del MAS-IPSP, el hermano Evo Morales Ayma, nuestra dirigencia nacional y militancia”, refiere el pronunciamiento.

El partido azul respaldó las acusaciones hechas por Morales y pidió una investigación al tema del “diezmo” en el Viceministerio de Comunicación, es decir, al tema de la devolución del 50% del pago por pauta publicitaria para el presunto desvío a actividades irregulares.

También se acusó a esa cartera de Estado de vetar las intervenciones de Morales y de ejecutar una “masacre blanca” en medios estatales contra los denominados evistas.

El MAS no solo apuntó al Viceministerio de Comunicación por este caso de los “guerreros digitales”, también puso en la mira a los ministerios de la Presidencia y de Gobierno. Exigió una “rigurosa” investigación a estos temas.

“A quienes señalamos de ser las puntas de lanza para, mediante las redes sociales, provocar división en nuestro instrumento político y el movimiento popular, lo que no es otra cosa que una alta traición al país, a las organizaciones sociales y la memoria de las víctimas que entregaron su vida luchando contra del colonialismo y el neoliberalismo”, señala el documento.

Para el MAS, la política comunicacional del Gobierno es usada para perseguir y difamar a los líderes del partido azul, así como también los ataques del diputado renovador Rolando Cuellar.