Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: sábado 25 de febrero de 2023
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Revocatoria de mandato
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Ante el anuncio del Gobierno de no dictar amnistía para los presos políticos, cuyo plazo termina este sábado, el Comité pro Santa Cruz pondrá en ejecución el plan para el revocatorio del presidente Luis Arce y por ello pedirá los requisitos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), anunció Fernando Larach, titular electo de los cívicos cruceños, quien asume oficialmente ese puesto hoy, en reemplazo de Rómulo Calvo. En Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos no tienen una posición oficial y surge el debate sobre los tiempos.
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Después de haber oído la posición del Gobierno que a través de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, descartó el jueves que se dicte amnistía para los presos políticos, Larach minimizó esa postura.
“Es lo que hemos escuchado a través de los medios, pero a nosotros no nos quita el sueño lo que puedan decir, hay un plazo establecido y hay un compromiso asumido por el pueblo boliviano. Hay un procedimiento que debe llevarse a cabo y el primer requisito es que se cumpla la mitad del periodo de mandato que serían dos años y medio, y a partir de que se cumpla ese periodo se debe iniciar el proceso conforme establece la norma”, refrendó Larach.
Una de las conclusiones del cabildo nacional del 25 de enero es que el Gobierno dicte amnistía para los presos políticos, hay aproximadamente 240 en el país según activistas y organizaciones de Derechos Humanos, de lo contrario se activará el proceso revocatorio al presidente Arce.
A los dos años y medio de mandato
El mandatario cumplirá en junio, dos años y medio al frente del país y a partir de ese mes puede activarse dicho proceso.
“Nos apersonaremos oportunamente al Órgano Electoral (Plurinacional) para recabar la información y se va a trabajar con los profesionales adecuados para poder llevar adelante este proceso”, aseguró Larach que este sábado será posesionado como nuevo presidente del Comité pro Santa Cruz.
El artículo 240 de la Carta Magna, sobre el referendo indica: “La revocatoria del mandato podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato. La revocatoria del mandato no podrá tener lugar durante el último año de la gestión en el cargo”.
Rómulo Calvo, aún titular de los cívicos cruceños, recordó el jueves al Gobierno que le quedaban 72 horas para dictar la amnistía general, de lo contrario se iniciará el revocatorio, sin embargo desde el Ejecutivo reafirmaron que no aceptarán un “perdonazo”, a quienes son procesados en su mayoría opositores a la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Larach señaló que las solicitudes de amnistía y revocatorio partieron de los nueve departamentos. En esa misma línea se expresó el titular cívico orureño Adolfo Camacho. “Definitivamente nosotros vamos a apoyar el revocatorio, porque al margen de que no hay estado de derecho vemos también que la situación económica en el país está mal”, dijo a Página Siete.
En Tarija no piensan lo mismo. “Hay que hacer una acción ciudadana para que se reforme la justicia y no así un revocatorio porque los plazos todavía no se están dando”, señaló Paul Rivera, vicepresidente cívico a radio Fides.
Creemos y CC sin posición oficial
Los partidos opositores de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) no tienen una posición oficial y conjunta respecto al revocatorio que impulsan los cívicos.
“Nosotros (en la alianza Creemos) no tenemos una posición con relación al revocatorio al Presidente si bien es un acto electoral legal, pero no tenemos una posición todavía como partido político, como oposición cruceña”, sostuvo a este medio Oscar Feeney, asambleísta departamental de la bancada de Creemos y vicepresidente de la Asamblea Departamental cruceña. La autoridad agregó además que la amnistía para los presos políticos debe ser “deliberada”, pero por la Justicia.
Carlos Alarcón, diputado de CC y abogado constitucionalista, observó que se pretenda utilizar el revocatorio como “un medio para alcanzar la libertar de los presos políticos”, ello sumado a los requisitos, los tiempos y una Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con mayoría oficialista, cree que pueden ir en contra del proceso revocatorio. “Por eso nosotros consideramos que el camino más directo para la libertad de presos es una candidatura de unidad para 2025, que pueda ganar significativamente en la Asamblea y que así se apunte a una justicia independiente”. El diputado masista Santos Mamani adelantó este viernes que rechazarán “cualquier proposición de revocatorio en la Asamblea”.
Pablo Arízaga, de CC, apoyó personalmente el revocatorio. “Bueno, si hay el apoyo ciudadano, adelante. Yo creo que tampoco es un atentado o acto delictivo el realizar un referendo revocatorio, lo que tenga que ver con reivindicaciones y libertades de seguro lo voy a apoyar como ciudadano común y corriente”, precisó.
Diputado masista critica a los cívicos
El diputado evista Anyelo Céspedes criticó a los cívicos y a la oposición por intentar conseguir una amnistía para los presos políticos y de lo contrario activar un revocatorio a Arce.
“El Comité Cívico le está mintiendo al pueblo, no dan los tiempos para un revocatorio, lo que ellos quieren es una bandera de lucha, porque la bandera de Luis Fernando Camacho la han dejado de lado y ahora quieren con el revocatorio tener nuevamente a la gente en las calles”, aseguró.
Exministro Jerjes Justiniano se instala en Estados Unidos
El exministro de la Presidencia del gobierno de Jeanine Añez, Jerjes Justiniano Atalá, procesado por el caso Golpe de Estado I se instaló en Estados Unidos, confirmó su padre Jerjes Justiniano Talavera que demandó al presidente Luis Arce dictar amnistía para los presos políticos.
“Por razones de salud y económicas se ha decidido radicar en los Estados Unidos y mejorar sin retornar hasta tanto no impere en Bolivia el estado de derecho bajo una correcta e independiente autonomía judicial”, refrendó su padre a Página Siete. La familia estudió la posibilidad de que el exministro busque asilo en Brasil o Perú, pero finalmente se inclinó por el país del norte.
Justiniano Atalá fue ministro de la Presidencia en la gestión de Añez, entre noviembre y diciembre de 2019, y luego fue reemplazado por Yerko Núñez, tras 22 días en el cargo. La exautoridad es investigada por la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica durante su mandato y fue citado para una inspección técnica ocular, pero el 3 de febrero viajó a Brasil por tierra para un tratamiento médico por un infarto.
“Yo creo que es el momento oportuno para que el Presidente dicte una amnistía política como un acto democrático, porque no es posible que en democracia existan más de 200 perseguidos y presos políticos”, refirió Justiniano Talavera.
