“Le recuerdo (Rómulo Calvo), como lo he señalado muchas veces desde Santa Cruz, que no vivimos en tiempos de pongueaje, que no tenemos dueños, ni patrones y que, por supuesto, hay un pueblo unido y organizado para defender nuestra democracia y para defender las conquistas del pueblo que han costado luto y dolor a muchas familias bolivianas”, advirtió Prada.

Por su lado, el vocero Presidencial, Jorge Richter, afirmó que los cívicos buscan un “perdonazo” a quienes tienen “rresponsabilidades” por los hechos de 2019. “Lo que se está buscando es un ‘perdonazo’, una exoneración de responsabilidades; se está buscando una impunidad amplia, que equivale a que aquella persona que ha cometido alguna violación a las leyes, a la Constitución Política del Estado queda exonerado de esa responsabilidad”.

Richter recordó que un proceso revocatorio debe estar “fundamentado con informes” y consideró que por el momento solo está el argumento de una amnistía para gente vinculada a los hechos de 2019.

Desde el Legislativo, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Deisy Choque descartó también que se dicte una amnistíe para los presos políticos y además rechazaron el revocatorio que impulsan los cívicos.

“Nuestro Presidente (Arce) ha sido claro, no vamos a claudicar nosotros con el pedido de justicia que tiene el pueblo boliviano, no vamos a someternos a los chantajes ni a los berrinches (de los cívicos). El señor Luis Fernando Camacho (Gobernador cruceño) es autor confeso y eso ni con una ley ni con un decreto ni con amnistía se va a borrar”, alertó.

Choque anticipó además que en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aceptarán el planteamiento de un revocatorio al Mandatario y después recordó al referéndum de 2008, cuando Evo Morales fue ratificado con el 67,43% de votos. “Cuando hablan de revocatorias, solo que recuerden cuando le intentaron hacer el hermano Evo Morales en vez de salir de debilitado salió mucho más fuerte”, precisó.

El exmandatario Morales también se expresó a través del Twitter con relación al revocatorio a Arce e indicó que el “pedido de revocatoria es un chantaje que nunca será aprobado por nuestros asambleístas leales al Proceso de Cambio”.

Anuncian viaje de Larach a La Paz

Fernando Larach, que este sábado será posesionado como nuevo presidente del Comité pro Santa Cruz, viajará este lunes 27 a La Paz para informarse sobre los requisitos para activar el proceso revocatorio a Arce, confirmó el cívico Calvo.

“Irá a La Paz para solicitar al Tribunal Supremo Electoral los requisitos para iniciar el proceso revocatorio”, corroboró Calvo en Santa Cruz.

Larach no habló del tema en los últimos días, sin embargo en una entrevista con la Red Unitel el 13 de febrero, dijo que el mandato del Cabildo (entre ellos el revocatorio) se debe cumplir. “Pero necesitamos en asesoramiento necesario para llevar adelante aquello”.

Pasan los dos centenares

En los dos primeros meses del año hubo al menos 57 nuevos entre arrestados, detenidos y aprehendidos por motivos políticos en Bolivia. El 22 de diciembre se conoció que en el país, según datos de la Fundación Global Human Rights League (GHRL) y activistas en Derechos Humanos, el número de presos políticos era 187, ahora la cifra aproximadamente a 244.

“El global de arrestados durante los conflictos pos secuestro de Luis Fernando Camacho ha sido de 57, obviamente hay unos que son perseguidos políticos y otros que son perseguidos judicialmente, pero también están algunos que fueron arrestados por horas y otros que se sometieron a procesos abreviados”, explicó Fernando Handall, activista que hizo la primera lista de perseguidos políticos en 2020 y que reporta sobre los presos políticos a la GHRL.

El abogado Jorge Valda afirmó que los presos políticos “llegan fácilmente a los 240” y para ello toma en cuenta a los últimos detenidos por el paro cívico de 36 días del año pasado, las víctimas que denunciaron avasallamientos y que ahora se convirtieron en denunciados por los avasalladores y los detenidos por la aprehensión del gobernador Camacho. “Como ejemplo, le cito que hay siete nuevos aprehendidos por la quema del Tribunal Electoral de Potosí en 2019 que se activó tras la muerte del cívico Juan Carlos Manuel, pero también está la detención del policía (Franklin) Matador Mamani”, complementó Valda.

Otro de los últimos políticos que se declaró perseguido político es el exministro de la Presidencia de Jeanine Añez, Jerjes Justiniano, que tramita asilo en Brasil y Perú.