Ni decreto ni ley, el Gobierno del presidente Luis Arce no va a emitir ninguna norma que saque de prisión a líderes opositores procesados por delitos de “terrorismo” y otros en el contexto de la crisis política de 2019. Eso sí, desde la Casa Grande del Pueblo esperan que el nuevo presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, promueva “el diálogo”.

No habrá ninguna amnistía, no habrá impunidad, que es lo que se busca en el fondo con estas acciones, con estos discursos”, advirtió ayer la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, al responder a la carta que envió Rómulo Calvo, el presidente saliente del Comité.

Calvo envió una carta al presidente Luis Arce mediados de febrero. En ella lo conminó a cumplir el mandato del cabildo del 25 de enero para que se declare amnistía en favor de los casi 200 “presos políticos que contabilizó su institución. Entre ellos está el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recluido en Chonchocoro desde el 30 de diciembre acusado de “terrorismo”.

El portavoz de la Presidencia, Jorge Richter, afirmó que los cabildos realizados en el país el 25 de enero no fueron representativos y, por lo tanto, carecen de legitimidad para pedir una ley de amnistía o promover un revocatorio al mandato de las actuales autoridades. No obstante, reconoció la convocatoria que tuvo el de Santa Cruz.

“¿Cuantos cabildos serios, en lo que significa a convocatoria, hubo en aquel momento?, el cabildo de Santa Cruz eso nadie lo puede desconocer, pero después de eso, el cabildo de Trinidad (tuvo) 400 personas; de La Paz, menos de 1.000 personas; Cochabamba, no más de 800 personas, entonces, ¿esa cantidad de gente modula la agenda de un país? Eso no es un cabildo”, dijo el vocero.

Apuntó que “lo importante” para el Gobierno “será mirar cual será la conducta que asuma el señor Larach, el nuevo presidente electo del Comité, y ver si caminará por la línea del continuismo violento o, en su defecto, inaugurará un nuevo tiempo en el accionar del Comité pro Santa Cruz y sea una persona que rehabilite el diálogo, el consenso, la capacidad de escuchar y de construir complementariamente agendas comunes e incorporar a Santa Cruz como un elemento central del desarrollo”, afirmó.

El senador ‘evista’ Leonardo Loza advirtió que cualquier intención de revocar el mandato de las actuales autoridades nacionales debe pasar, necesariamente, por la Asamblea Legislativa. Advirtió esa ley no será aprobada.

Según Prada, el paro de 36 días en Santa Cruz provocó una pérdida económica de más de $us 1.000 millones al departamento y que la dirigencia cívica que impulsó la medida no repondrá ese dinero que ya está perdido.

El miércoles, los cívicos recordaron, a través de un comunicado leído por Calvo, que sin una declaratoria de amnistía, procederá el inicio del trámite para revocar el mandato del presidente Arce.

“Conminamos a su investidura a que pueda dictar el decreto de amnistía a todos los presos políticos, para que juntos, los bolivianos podamos llevar a Bolivia a un puerto mejor, más decente, con más producción y menos contrabando; con más producción y sin narcotráfico”, aseguró Calvo.

El cívico aclaró que el revocatorio es el escenario político que menos le conviene al boliviano porque se estaría todo el año en incertidumbre, pero con la certeza y seguridad de que Luis Arce no estaría capacitado para seguir llevando el rumbo del país.

“Llegar a un revocatorio es un escenario que usted, y solo usted, puede frenar dictando la amnistía irrestricta. Señor Arce, urge una respuesta inmediata y una muestra de reconciliación y paz social”, demandó el cívico que pasará la posta a Fernando Larach en un acto formal previsto para mañana en el Comité pro Santa Cruz.