El dictamen, no obstante, concedió la tutela a los demandantes, los asambleístas del MAS, que plantearon un recurso de acción de cumplimiento para que el vicegobernador Mario Aguilera asuma la “suplencia gubernamental” de la primera autoridad.

“La Sala Constitucional Tercera del TDJ de Santa Cruz resuelve: conceder la tutela solicitada, resolviendo que la Asamblea Legislativa Departamental, en uso de sus competencias y atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado, a partir del Artículo 277 y el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, se pronuncie vía declaración o vía Ley, respecto a los casos de ausencia temporal que puedan ser aplicados de acuerdo con la solicitudes hechas por el accionante”, señaló el vocal Alain Núñez, a leer la resolución final del fallo que fue emitido ayer.

La vista judicial duró más de tres horas y comenzó con los alegatos de los asambleístas departamentales del MAS que expusieron las razones de la demanda. Acusaron a Aguilera de incumplimiento de deberes por no tomar el lugar en ausencia de Camacho, quien está recluido desde el 30 de diciembre acusado de “terrorismo” en un caso que las autoridades judiciales llaman “Golpe I” y que tiene que ver con la crisis de 2019.

La asambleísta Raquel Valencia (MAS) recordó que enviaron una carta a Zvonko Matkovic Rivera, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, para pedirle que se otorgue la suplencia temporal del gobernador, pero no se recibió una respuesta. Al término de la audiencia, la legisladora reclamó porque los vocales no tomaron en cuenta el manual de funciones que existe en la Gobernación sobre la delegación de funciones cuando el gobernador se ausenta por diversos motivos.

Aguilera señaló que no se demostró que tenga un mandato expreso para asumir la Gobernación por efecto de una detención preventiva. Matkovic recordó que el Estatuto Autonómico establece, en su Artículo 26, que el gobernador pierde su mandato en caso de renuncia, muerte, por un revocatorio, o por efecto de una sentencia ejecutoriada por la vía penal.

El presidente del Legislativo departamental calificó el fallo de “complejo”, pero valoró que “la tesis y las amenazas del MAS por un supuesto incumplimiento de deberes no prosperó”, según el dictamen de ayer. Anunció que se acatará la decisión judicial en la medida que se respete el Estatuto, las leyes y reglamentos vigentes.

Durante la audiencia y desde Chonchocoro, Camacho reclamó por los derechos políticos de las personas que votaron por él. “Quiero que se respete el voto de los cruceño. En sus manos dejo la fe, la democracia y el voto del pueblo”, dijo el gobernador a los vocales Núñez y Juan José Subieta.

Fallo
El dictamen comenzó con los argumentos de Subieta, quien declaró legítima la acción de cumplimiento, pero aclaró que el Tribunal no tiene tuición para definir el cambio de la máxima autoridad departamental.

“Se deben definir los parámetros en una declaración, resolución o una ley departamental en la que se analice el término ausente y que con esto se pueda dar curso o no a una suplencia gubernamental”, señaló.

“Este Tribunal, en ningún momento debe arrebatar a través de un fallo judicial lo que se ha ganado en las urnas”, declaró luego el vocal Núñez tras reconocer los derechos políticos de Camacho en función de la normativa vigente y la jurisprudencia generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En ese contexto, el vocal recordó el alcance de las competencias autonómicas. Según el fallo, la Asamblea tiene el plazo que fija el Estatuto Autonómico para pronunciarse sobre este tema. La resolución fue remitida al Tribunal Constitucional para su revisión.

Creemos, la alianza de Camacho, controla la Asamblea Legislativa Departamental gracias a un acuerdo con la bancada indígena. El MAS intentó varias veces revocar a los representantes indígenas.

El constitucionalista José Luis Santistevan calificó de “atípica” la resolución, pues si bien concede la tutela a los demandantes, el dictamen no activa ninguna acción para que Aguilera ejerza el cargo.

“No hay conflicto entre el gobernador, el vicegobernador y los asambleístas para ocupar el sillón. Es un recurso atípico que no debía haberse aceptado porque no corresponde a esta materia de acción de cumplimiento”, remarcó.

Santistevan calculó que dentro de unos dos meses se pronunciará el Tribunal Constitucional que puede ratificar o rechazar el fallo. “Si bien la decisión judicial es de cumplimiento obligatorio, el caso aún no está cerrado”, añadió.

El jurista también destacó la lectura que el hicieron los vocales respecto a los derechos políticos del gobernador, frente a la intención del MAS de sacarlo del cargo.

“Lo que el ciudadano hace en las urnas solo el ciudadano lo puede resolver en las urnas, salvo las personas que tengan una sentencia penal ejecutoriada. Pero la detención preventiva no puede hacer perder los derechos políticos para ser reemplazado. Si fuera así, como lo leen los masistas, todos los alcaldes estuvieran liquidados. A cualquiera se lo puede denunciar y eso sería terrible para las autonomías. Esto es inadmisible”.