“Ese decreto o propuesta de ley es devastador porque hay una vulneración demasiado clara de la Constitución. La jurisprudencia nos dice que la manera de preseleccionar magistrados es vía Asamblea Legislativa a través de dos tercios de validación de votos. Pero de ninguna manera podrías darle pie a un decretazo o ley porque es inconstitucional”, declaró a EL DEBER la senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana (CC).

Para la legisladora, impulsar cualquiera de estas dos alternativas implica un golpe al Órgano Legislativo porque representa una intromisión a sus funciones.

También señala que “la Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de los postulantes por cada departamento y remitirá al Órgano Electoral la nómina de los precalificados para que este proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral”.

Al contrario, el diputado del bloque arcista Rolando Cuéllar dijo que no hay posibilidad de hacer una ley corta porque iría en contra del procedimiento enmarcado en la CPE. Agregó que se debe elaborar una buena convocatoria con la participación de las tres fuerzas políticas.

“No es posible una ley corta, no es una vía, cuando está enmarcada en la Constitución la selección y elección de autoridades del Órgano Judicial. Debe haber convocatoria, hay que cumplir todos los requisitos, en este momento no es viable la ley corta”, sostuvo.

Los legisladores masistas aclararon que la propuesta de Renán Cabezas es personal y no es a nombre del partido azul, así también lo confirmó el diputado proponente y dijo que este planteamiento es una “salvedad” en caso de que no se logren los dos tercios de voto por la división del MAS y la falta de consenso con la oposición.

“Hemos tenido una amarga experiencia con la elección del Defensor del Pueblo. En cinco vueltas no nos hemos puesto de acuerdo para elegirlo. Teniendo estos antecedentes, podríamos empantanarnos de nuevo y por eso planteo que hagamos una ley transitoria para elegir a magistrados interinos”, explicó el diputado a este medio.

Aclaró que su proposición no está relacionada con la ampliación del mandato de los actuales magistrados, ya que la Constitución Política no lo permite y estas autoridades “fueron bastante cuestionadas”.

En julio de 2022, el ministro de Justicia, Iván Lima, también abrió el debate de una posible designación de las 26 autoridades judiciales por decreto, basado en la resolución de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional respecto de una acción de cumplimiento que presentó la Asamblea de Derechos Humanos paralela demandando la designación de un Defensor del Pueblo.

“No puede interrumpirse la labor del Estado, eso es lo que señala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por tanto, la elección del Contralor, el Defensor del Pueblo y las 26 autoridades de Justicia están enmarcadas en ese desarrollo constitucional. Si la Asamblea Legislativa no toma la decisión y el mandato de elegir que le da la Constitución, tendrá que ser otro Órgano del Estado quien tome medidas de emergencia que ya se han dado en periodos anteriores”, dijo Lima entonces.

El ministro argumentó que el expresidente Carlos Mesa designó a magistrados por decreto supremo, al igual que el exmandatario Evo Morales. “No estoy dando ninguna noticia novedosa, cuando la Asamblea no toma decisiones el Órgano que debe decidir el funcionamiento del Estado es el Ejecutivo”, apuntó.

La senadora Andrea Barrientos resaltó que las decisiones de Mesa y Morales se dieron antes de 2009, es decir, cuando no existía la actual Constitución. Según la parlamentaria, lo que sí es viable es una ley de garantías para pasar la competencia de preselección de magistrados a la sociedad civil y que la Asamblea apruebe la lista por dos tercios de voto.

Desde la lectura del abogado constitucionalista Israel Quino, la ley corta es inviable y advirtió que si no se logran los dos tercios para aprobar la terna de precandidatos, existe la posibilidad de que la Asamblea Legislativa apruebe una ley nacional que habilite la competencia y facultad del presidente de designar mediante un decreto a los magistrados.

Los más críticos sostienen que las dos elecciones judiciales, de 2011 y 2017, han sido “fallidas” porque no han transformado la administración de justicia, en cambio, creen que atraviesa por uno de sus peores momentos por la corrupción y la subordinación al poder político.

Audalia Zurita, abogada e impulsora del referéndum judicial, sostuvo que todas las medidas que está impulsando el MAS como la ley corta, el decreto, la apresurada etapa de preselección y la conformación de una comisión de notables “tiene un objetivo común que es impedir la iniciativa ciudadana y, en consecuencia, mantener el sometimiento de la administración de la justicia. No quieren perder el control y están viendo todas las posibilidades de controlar a los magistrados”, manifestó.

Barrientos también considera que “el MAS no tiene intención de cambiar la justicia porque es su aparato represor y es lo que les asegura impunidad a los suyos”. Al respecto mencionó que en el Legislativo hay “impunidad” para parlamentarios que cometieron hechos de violencia hacia la mujer y otros delitos, pero ninguno se investiga en el Ministerio Público.

Incluso el bloque evista denunció hechos de corrupción que no tienen resultados positivos, por lo que presumen que hay protección desde el Ejecutivo.

Mientras las fuerzas políticas debaten sobre la legalidad o no de una ley corta y un posible decreto, el MAS trabaja de forma interna su propuesta de proyecto de ley y reglamento para iniciar en abril con la preselección de candidatos a magistrados.

“En el MAS aún no hemos definido la propuesta que nos harán llegar hasta la próxima semana. Los miembros de las comisiones ya deben estar analizando las propuestas con relación a cómo se ha convocado el 2011 y 2017. No olvidemos que la Constitución nos enmarca quiénes deben ser los postulantes”, sostuvo el senador masista Luis Adolfo Flores, en contacto con este medio.

Agregó que uno de los aspectos más sensibles a considerar es la forma de evaluación que pueden ser por puntaje, ponderación cualitativa o ambos. También explicó que la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia Plural, ambas a cargo del proceso, deben definir si emitirán una ley o una resolución hasta la primera quincena de marzo.

Flores informó que al momento solo recibieron el proyecto de ley de la senadora Silvia Salame. La parlamentaria apuesta por la evaluación por méritos con el acompañamiento de la sociedad civil, a través de colegios de abogados, universidades, facultades de derecho, academias, asociaciones de jueces, de exmagistrados, y otros, en todo el proceso de preselección.