Cabezas sugirió una ley corta para elegir a los candidatos a magistrados ya que el partido en función de Gobierno no cuenta con los 2/3 en la Asamblea Legislativa como en anteriores gestiones. Según la Constitución Política del Estado, esa instancia debe seleccionar a los candidatos para luego la población los elija para ocupar los altos cargos del Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Supremo de Justicia.

“Tenemos que elegir en agosto, pero en agosto nos podemos empantanar porque en octubre tendríamos que estar eligiendo a las futuras autoridades a través de un voto universal y secreto; si eso no ocurre, ¿qué vamos a hacer? Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en agosto con dos tercios, tendremos que hacer una ley corta, había planteado, para no dejar un vacío en el Órgano Judicial. No se puede dejar sin servicio de justicia al pueblo boliviano.  Ahora, si eso no prospera, tenemos que modificar la 025 y la 027 para que no postulemos a los candidatos por dos tercios, sino por mayoría absoluta o simple mayoría”, sugirió el diputado del oficialismo.

Esta intención del legislador oficialista fue criticada por los opositores que indicaron que esa postura demuestra un claro temor de perder el privilegio para elegir y someter a los miembros de la justicia boliviana.

“Lo que no podemos hacer es que, primero, continúen los magistrados que van a cumplir seis años porque están bastante cuestionados. Lo que no podemos hacer es dejarle al pueblo boliviano sin justicia (…). Tenemos que tener sensibilidad, por eso hay que buscar una salvedad, la oposición está dispuesta a empantanar para después culparle al MAS de una mala gestión”, insistió Cabezas.

El senador del MAS Félix Ajpi indicó que lo correcto es afrontar los 2/3 y elegir a los mejores candidatos entre las diferentes fuerzas políticas para que garanticen una justicia independiente al pueblo boliviano.

Alternativa para cambiar la justicia

Desde el 25 de enero se desarrolla una campaña ciudadana para cambiar la administración de la justicia boliviana. El principal objetivo es que se pueda instaurar un nuevo método de selección de jueces que garantice independencia y probidad en sus actuados. Para lograr ese propósito, se necesitan 1.500.000 firmas de toda la población boliviana.

Los ciudadanos pueden firmar los libros que se encuentran distribuidos en distintos puntos del país.