Aunque sean expresiones de segmentos minoritarios, en estos días es frecuente escuchar inquietudes, suposiciones y rumores referidos a la posibilidad de que se registren hechos de violencia entre grupos afines al oficialismo y aquellos que rechazan una nueva reelección del Presidente.

Las declaraciones emitidas por algunos dirigentes en las que se amenaza a las movilizaciones de los sectores contrarios o en las que se sugiere, mediante mensajes anónimos, la inminencia de actos de violencia política sin ningún sustento concreto, no contribuyen a mantener un clima de serenidad. Al contrario, generan zozobra y desconfianza.

El Ministro de Gobierno ha ratificado el derecho que tienen todos los ciudadanos de manifestarse pacíficamente, a tiempo de recordar que las autoridades deben garantizar el ejercicio de ese derecho. No se esperaba menos, y sería deseable que ese saludable mensaje sea reforzado por otras autoridades y responsables políticos, por si aún persisten dudas al respecto.

En todo caso, tales sucesos deberían impulsar a todos los ciudadanos a reflexionar sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva a la hora de garantizar un clima de paz política, sin el cual la democracia no podría funcionar.

La sociedad boliviana, aunque tradicionalmente conflictiva, no se ha caracterizado nunca por el uso extremo de la violencia en los conflictos políticos o la tenencia masiva de armas de fuego. De hecho, somos particularmente intolerantes frente a la represión estatal. Asimismo, el número de homicidios registrado en el país por diferentes causas se encuentra entre los más bajos del continente. Esos son activos de todos los bolivianos que nos protegen, y que en ningún caso debemos hipotecar.

No obstante, preocupa que en medio de la confrontación y la polarización política se incrementen las voces agoreras que proclaman la inevitabilidad de escenarios de ruptura o de enfrentamientos violentos entre bolivianos. Resulta por demás riesgoso abonar de esa manera a las denominadas “profecías autocumplidas”, que tienen lugar cuando los políticos, dirigentes y ciudadanos se empeñan en predecir los escenarios más perversos, pero no con el afán de evitarlos, sino más bien a la espera de que se materialicen.

En síntesis, no cabe ninguna divergencia que sea tan profunda como para justificar la agresión a un compatriota. Estamos obligados a convivir con nuestras diferencias, a entendernos y a pactar inteligentemente para evitar el caos; situación en la que todos perdemos.