Creemos mantiene control de la Asamblea y la bancada indígena aún está intacta

Creemos, la fuerza política del gobernador Luis Fernando Camacho, aún mantiene el control de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. El sábado se produjo la ratificación anticipada de Zvonko Matkovic como presidente del ente deliberante y, un día después, sectores aliados del MAS intentaron revocar el mandato del representante del pueblo yuracaré-mojeño para inclinar la correlación de fuerzas en su favor.

El jefe de la bancada indígena, Roberto Urañavi, afirmó que el MAS fracasó en este intento, pero denunció que esta misma semana buscarán cambiar a los representantes chiquitano y guaraní.

El legislativo cruceño tiene 28 escaños y, por efecto de los comicios subnacionales de 2021, la correlación de fuerzas es casi pareja entre el MAS y Creemos. El partido de Evo Morales tiene 11 legisladores y Creemos 11, pero este partido logró la gobernabilidad tras una alianza con Alianza Solidaria Popular (Asip) y representantes de los cinco pueblos indígenas que tienen escaños: Ayoreo, Guaraní, Guarayo, Chiquitano y Yuracaré-Mojeño.

Urañavi cuestionó al Tribunal Electoral Departamental (TED) por hacer el seguimiento a la asamblea que sesionó el domingo para quitar el mandato del legislador Wilson Cortez Soria, elegido por los yuracaré-mojeño.

Según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, los representantes de los pueblos indígenas son elegidos bajo los usos y costumbres de cada comunidad. Esto también implica la posibilidad de que sean revocados, en caso de no contar con un informe que sea aprobado por sus respectivas asambleas.

El jefe de la bancada indígena afirmó que estos procedimientos se realizan bajo el principio de la “autodeterminación de los pueblos indígenas” que está reconocido por la Constitución. En ese contexto, dijo que las autoridades electorales del departamento pudieron haber vulnerado este precepto al “entrometerse, pero a favor” de dirigentes interculturales que son afines al MAS para poder reemplazar a Cortez Soria.

“La presidenta del TED (María Cristina Claros) está cometiendo un delito electoral al haberse inmiscuido en las comunidades indígenas. Respecto a la democracia comunitaria se establece que ninguna persona o instituciones ajenas a las organizaciones indígenas puede dar órdenes y determinar el tema de la revocatoria”, señaló y anticipó que la demandará por “delitos electorales” y por vulnerar la normativa internacional sobre el derecho de los indígenas.

Desde el TED explicaron que la autoridad electoral se pronunciará este martes sobre estas denuncias. Desde esas dependencias, adelantaron que “hubo violencia y mucha tensión” durante la asamblea fallida del pueblo yuracaré-mojeño y que el seguimiento a los procedimientos de las comunidades está en el marco de la ley.

En la comunidad 31 de Octubre, que pertenece al Territorio Comunitario de Origen (TCO) del municipio de Yapacaní, se desarrolló la asamblea para revocar el mandato de Cortez, fue el noveno intento desde 2021. La sesión fue convocada por Carlos Moye, un dirigente cercano a las comunidades interculturales y al MAS.

El DEBER intentó, sin éxito contactarse con Moye. Su móvil estaba desactivado. Según el asambleísta yuracaré-mojeño, el dirigente había aceptado realizar una “gran asamblea de unidad” para fines de abril y, de este modo, dejar sin efecto la revocatoria de mandato de su compañero, “pero luego quiso hacer el revocatorio”.

“Llegó con un contingente policial y pillamos gente de otro lado. Nos han agredido de palabra, pero no cumplió y luego volvió para revocar el mandato. Moye se fue con los policías y los del Tribunal Electoral”, relató el asambleísta cuyo mandato pudo ser revocado.

Ante este escenario, la asamblea se canceló. La presidenta del TED y el vicepresidente de la entidad, Miguel Callejas, llegaron al lugar como veedores, junto con técnicos del Servicio de Fortalecimiento Democrático (Sifde). Los funcionarios fueron escoltados por la Policía y abandonaron la comunidad. Callejas fue designado por el presidente Luis Arce.

Para ir a la comunidad 31 de Octubre, donde se intentó instalar la asamblea yuracaré-mojeña, se debe llegar a Puerto Villarroel, un municipio del trópico de Cochabamba que tiene conexión fluvial con varias poblaciones amazónicas. Por eso, desde allí, el viaje continúa en lancha siguiendo el cauce de los ríos Mamoré y Sajta.

El asambleísta Cortez explicó que dentro de su pueblo existen poblados interculturales, pero que son minoritarios. “Por eso, ellos llegaron con gente de otros lados, incluso desde Cochabamba, para poder tener gente”, afirmó y aseguró que seguirá trabajando por el desarrollo de su pueblo.

“Las Comunidades Interculturales no son quienes para revocar a los pueblos indígenas. Ellos no son parte orgánica de la estructura indígena. No somos parte de ningún partido político; por eso, es que quieren revocarnos, porque no obedecemos a un color político; no obedecemos al mandato del MAS”, reclamó Urañavi.

Tras las elecciones subnacionales de marzo de 2021, Evo Morales, anunció que, a pesar de no haber logrado la victoria electoral en Santa Cruz, iba a apuntar a la representación legislativa. “Si los asambleístas del movimiento indígena se suman, somos mayoría en la Asamblea Departamental de Santa Cruz y, en mi experiencia, si somos mayoría, desde la Asamblea se puede administrar el departamento y eso está en análisis”, afirmó en una reunión que sostuvo en abril de 2021 con los asambleístas del MAS, en San Julián.

Frente a este delicado equilibrio, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, fue reelecto para el periodo 2023-2024 que comenzará en mayo próximo. Adelantó tres meses el proceso. Hubo 17 votos a favor y 10 abstenciones, todas del MAS, sobre un total de 27 asambleístas que asistieron.

“Se ha presentado una plancha única que ha sido avalada y aprobada por la mayoría de los asambleístas presentes y esta directiva tomará posesión, como dice el reglamento, el 3 de mayo”, señaló Matkovic. La convocatoria se la divulgó el 10 de febrero y el partido azul no alistó una plancha.

Así se ratificó la directiva que tiene como primer vicepresidente a Oscar Nelson Feeney; a la segunda vicepresidenta, Carmen Muriel Cruz, y a la secretaria general, Paola Aguirre. La primera vocal, Jelly Baldivieso Mayser; la segunda vocal, Keila García, y como tercer vocal, Ramiro Valle.

“Esa elección es ilegal y arbitraria con más de 82 días de antelación a la fecha de posesión de la nueva directiva”, dijo la asambleísta Raquel Valencia (MAS).

De este modo, la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa Departamental quedó intacta en favor de Creemos, la alianza de Camacho. Esto sucede a pocos días de la decisión que asumirá la Justicia respecto a la posible “suplencia legal” del gobernador, quien se encuentra detenido en el penal de Chonchocoro en el contexto del caso “Golpe I”.

“Esta victoria tiene una dedicatoria, es para nuestro líder Luis Fernando Camacho”, dijo la asambleísta Keila García, jefa de la bancada de Creemos, poco después de la votación en el legislativo.

El asesor de gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, recordó que la audiencia será este jueves. “Quisiera decirle que esperamos que se cumpla la ley, pero la justicia está tomada por el masismo. De todas maneras, mantenemos la fe, no en los jueces, sino en el pueblo cruceño que no permitirá este atropello”, señaló Suárez, quien reconoció la posibilidad que el vicegobernador Mario Aguilera pueda asumir el cargo, pues fue elegido con Camacho.

Para la audiencia de este jueves, sectores afines a Camacho y activistas convocaron a una vigilia que se instalará en las puertas del palacio de justicia de Santa Cruz.