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15 de febrero de 2023, 10:59 AM
La presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), María Cristina Claros, defendió ayer la participación de su institución en la “supervisión” de la revocatoria del mandato del asambleísta indígena Wilson Cortez del pueblo Yuracaré-Mojeño.
El procedimiento pudo culminar el domingo, pero la asamblea no concluyó por un enfrentamiento interno.
Este pueblo indígena está formado por 14 comunidades. Ocho caciques lograron reunirse el domingo, según dijo Claros. Ellos representaron a las comunidades de Alto Pallare, 31 de Octubre, Tacuaral, Isla del Oriente, Mónica, Corralito del Choré y Laguna Azul. precisó.
Este pueblo indígena está ubicado en una zona próxima a la reserva nacional Choré, en el límite con el departamento de Cochabamba. A esa zona se accede a través del río Sajta.
El legislativo cruceño tiene 28 escaños y, por efecto de los comicios subnacionales de 2021, la correlación de fuerzas es casi pareja entre el MAS y Creemos. El partido de Evo Morales tiene 11 legisladores y Creemos 11, pero este partido logró la gobernabilidad tras una alianza con Alianza Solidaria Popular (Asip) y representantes de los cinco pueblos indígenas que tienen escaños: Ayoreo, Guaraní, Guarayo, Chiquitano y el mencionado Yuracaré-Mojeño.
Claros dijo que el escaño está en disputa desde 2021 y que, tras varias impugnaciones resueltas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se emitió la resolución hace un año. Sucedió a pesar del rechazo de la otra facción de los yuracaré-mojeños que acusaron al Carlos Moye, un dirigente próximo al MAS, que ya fue asambleísta departamental por ese partido, pero en la anterior gestión.
En la rueda de prensa, Claros aseguró que el trabajo del Tribunal Electoral está avalado por el Artículo 211 de la Constitución y la normativa departamental 195 que regula los comicios en el marco de la autonomía departamental. Aclaró que no hubo interferencia en las decisiones internas y que los pueblos indígenas aplican sus usos y costumbres para estos procedimientos, que no son los mismos para aquellas autoridades elegidas a través del voto.
Claros denunció que hubo al menos tres agresiones que sufrió la comitiva electoral a la que se sumó un personero del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). “No hubo intromisión”, insistió la autoridad electoral.
Reveló que está en curso otra petición para revocar el mandato de otro representante indígena, esta vez del pueblo Guaraní, y una demanda contra la bancada indígena que está al mando de Roberto Urañavi, a quien acusó de cometer “delitos electorales”.
“El Tribunal no tendría que estar presente en un revocatoria; esta institución es veedora de elecciones y no tiene que avalar los procedimientos internos de los pueblos indígenas. Aquí, hay un plan promovido por el MAS”, respondió Urañavi, quien también prepara una demanda por calumnias contra el TED.
“No tenemos interés de ser parte de la directiva, de presidir la Asamblea, de tomar el poder de la Gobernación y lo vamos a demostrar”, dijo al respecto el asambleísta Hugo Valverde (MAS).
